Se trata de la paradójica idea de los dos hombres que completarán, en poco tiempo más, 24 años, entre ambos, ejerciendo el poder en Salta, por lo tanto principales responsables del deterioro institucional de la provincia que ahora pretenden “oxigenar”.
Juan Carlos Romero primero y Juan Manuel Urtubey después, no tuvieron ningún prurito en bastardear la letra de la actual Carta Magna provincial y generar un peligroso retroceso y deterioro institucional de Salta en beneficio propio.
Romero alargando, a través de un teñido proceso, a tres los mandatos consecutivos de los gobernadores, y Urtubey siendo su apologista por aquel entonces, usufructuando ahora de esa poco democrática prerrogativa.
Pero el actual mandatario es además el responsable de la mayor concentración de poder que haya conocido la provincia, el “bloqueo” sistemático de los órganos de control y el sometimiento de la justicia a su arbitrio.
Ambos hombres, pretenden erigirse ahora en los paladines de la transparencia y la institucionalidad y para ello usan a los partidos de “oposición” como “verdaderos demandantes de los cambios” planteados en el supuesto “Diálogo Político”.
Resuelta extraño por estos días escuchar a operadores del urtubeicismo y del romerismo con frases como “insuflar oxígeno a las instituciones” o, por ejemplo, sin ponerse colorados sostienen que “los 33 años de democracia obligan a hacer un balance y ese balance enseña que la democracia, sin recambio, termina esclerotizando la política».
Estos operadores, que viven hace 30 años del Estado y de la falta de recambio en Salta, son ahora los profetas de la “institucionalidad”. Estos mismos, como sus jefes, pertenecen a la fuerza política que cumplirá el próximo 10 de diciembre 30 años ejerciendo el poder en Salta.
El gobernador Urtubey, en su característica versatilidad y ambigüedad serial, planteó en la última Asamblea Legislativa, sin ruborizarse, «fortalecer las instituciones de la democracia y el sistema republicano, garantizar la plena independencia de la Justicia, dotar de transparencia al Consejo de la Magistratura y consolidar la Auditoría”. Es decir que, después de diez años en el poder, ahora pretende convertirse en reformador de lo que deformó. Para ello cuenta con el respaldo de Juan Carlos Romero, de Sáenz y otros partidos y políticos.
Apelando a dichos populares muy trillados como “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía” o el otro “el que se quema con leche, ve la vaca y llora”, la sociedad busca saber cuáles son las verdaderas intenciones ante tanto y repentino esmero por la “institucionalidad”, de este “baño democrático y republicano” que de repente parecen haberse dado.
Los sectores de oposición bien intencionados sostienen que la verdadera intención detrás del montaje del denominado “Dialogo Político” es la reforma de la Constitución para alargar el mandato de Urtubey y garantizar impunidad a quienes llevan años haciendo negocios en y con el Estado.
Estos sectores afirman que Urtubey quiere otro mandato, el cuarto, para garantizarse los recursos de la provincia a partir del 2019 en su aspiración presidencial porque no tiene ninguna chance en dos años. Otros cuatro años le garantizan el manejo de la caja de la provincia, o sea la plata de los salteños, para seguir adelante con su desmesurada ambición.
Para esto, el disfraz del dialogo sirve para que sean “otros sectores políticos” los que demanden reclamos que no van más allá de obviedades demagógicas y de paradojas porque plantean acortar el mandato de los gobernadores, pero le darán más años al actual.
En definitiva lo que se plantea como demanda no necesita de una reforma, sino de actitud y vocación democrática, de probidad y sentido común. Lo que se pide es que los gobernantes gobiernen, los auditores auditen, los legisladores legislen y controlen y que los jueces sean independientes e impartan justicia. Tan sencillo como pedir que los pájaros vuelen, que los perros ladren, que los hombres hablen. Para todo esto no se necesita reformar nada, solo que se cumpla con lo que está establecido
Es decir que solo bastaría con que Urtubey decida sacar a sus obsecuentes y acólitos de los órganos de control, deje entrar opositores en la Auditoría, en el Consejo de la Magistratura y en el Jury de enjuiciamiento; deje de nombrar como fiscales y jueces solo a parientes y amigos y con anunciar claramente a través de su enorme aparato periodístico-proganadero que este será su último mandato y que bajo ninguna circunstancia aceptará ni una hora más de gobernador a partir del 10 de diciembre del 2019.
Todo ello daría transparencia y “oxigenaría” la institucionalidad mancillada por la eternidad en el poder de los mismos hombres y evitaría a los salteños el costo y desgaste de otro proceso electoral para elegir Constituyentes en el 2018 que solo satisfagan el apetito desmesurado de poder de un hombre que tras diez años gobernando Salta tiene a la provincia con los peores indicadores sociales del país y las cuentas del gobierno en rojo.
Todo ello también evitaría esta fantochada del “Dialogo Político” que convierte a los partidos y políticos salteños en actores extras o de reparto de una torta ajena, convirtiéndolos en cómplices de la atrocidad institucional que se intenta.
Por Juan Manuel Abdala Ibañez para Cadena365.com
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Urtubey hijo putativo de Romero