Desolador informe sobre las trayectorias burocráticas de las víctimas de violencia de género

El Observatorio de Violencia contra la Mujer presentó el informe sobre las jurisdicciones de Tartagal y Metán.

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres presentó un informe, después de un minucioso trabajo de campo sobre el funcionamiento de las instituciones en Metán y Tartagal. Los datos son preocupantes, pues muestra las falencias en las trayectorias burocráticas de las víctimas de violencia, según informo La Gaceta.

 En el informe se detectaron varios problemas en el itinerario institucional que realizan las mujeres víctimas de violencia una vez que han decidido pedir ayuda. Las víctimas desconocen cuáles son las funciones de los distintos organismos intervinientes en el trayecto (ejemplo: confusión entre el/la juez/a y Defensor/a Oficial).

Estas son las principales falencias, según el informe:

• La Policía no está entrenada lo suficiente en el abordaje de la violencia y no cuentan con traductor/a en el caso de atender a pueblos originarios. Tampoco se toma la denuncia en todos los casos.

• Hay un conocimiento social acerca de la posibilidad de radicar la denuncia como mecanismo disruptivo ante la violencia, pero no así sobre sus consecuencias (ejemplo: temen perder a sus hijos).

• Las víctimas ponen una gran expectativa en la radicación de la denuncia, pero no suelen hallar la respuesta esperada.

• Las instituciones suelen ser inaccesibles para muchas mujeres tanto en términos geográficos como por su ubicación dentro de los edificios. El condicionante económico también surgió como un impedimento para acceder a las instituciones (ejemplo: no tener plata para el colectivo).

• Las mujeres señalan dificultades propias de la tramitación de los procesos judiciales, ya que se requiere una alta capacidad de autogestión.

• A pesar de estar legalmente prohibido, todavía se verifica la realización de audiencias conjuntas entre víctima y agresor.

• Las diferencias de poder en perjuicio de las víctimas no son solamente en virtud del género, sino también de la etnicidad y del status social.

• Se verifica confusión sobre el rol de los distintos profesionales intervinientes (ejemplo: entre psicólogos y trabajadores sociales). Sin embargo, brindan un apoyo importante para las mujeres en el trayecto.

• El personal de Salud no cuenta con formación (o resulta insuficiente) ni directivas específicas en materia de violencia de género, lo que genera en algunas circunstancias revictimización.

• En todos los casos se verifica la participación activa de la red de contención familiar y social del círculo cercano a las víctimas.

• Persisten los prejuicios – principalmente vinculados a la familia y al rol de las mujeres – en los operadores institucionales. En algunos casos hay carencia de formación en temas de género.

• Se verifica la ausencia de un sistema de valoración de riesgo riguroso, quedando a criterio del/de la operador/a interviniente.

• El personal de salud no está formado en asuntos vinculados a la violencia sexual.

Las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres presentaron en Metán esta investigación y luego mantuvieron una reunión de trabajo con el equipo técnico de la Secretaría de Relaciones con los Ciudadanos y Derechos Humanos de Metán. Estuvieron presentes funcionarios del: Juzgado de Violencia de Género, Defensoría de Género, Hospital del Carmen, SAVIC, Policía, y de la Secretaría de Relaciones con los Ciudadanos y Derechos Humanos del municipio. 

“Si entendemos que la violencia contra la mujer tiene como base la desigualdad estructural entre varones y mujeres, la acciones de prevención van a ir dirigidas a desmontar esa desigualdad. Entonces ahí intervienen las carteras de: Salud, Educación, Trabajo, Cultura y hasta Deportes”, explicó la presidenta del OVcM Alfonsina Morales.

En el encuentro las funcionarias hicieron hincapié en la necesidad de contar con apoyo a las recomendaciones. Sobre todo, a la destinada al Ministerio de Seguridad, que promueve la creación de un Régimen Especial para el personal policial con funciones en violencia de género. Además resaltaron que todavía siguen conociendo casos de discrecionalidad en los operadores policiales. Y recordaron el caso de Daniela Guantay. “Hay que recordar que existe un protocolo para seguridad, sin embargo tenemos un escollo en los operadores policiales”, reconocieron.

También se detectaron casos en el área de salud: “La ley 7.888 dice cómo deben actuar los agentes sanitarios, pero cuando indagamos cuantos médicos saben de su existencia y cuantos actúan en consecuencia, entendemos que debemos seguir capacitando”, advirtieron.

Finalmente, acordaron el trabajo conjunto al momento de la presentación de proyectos vinculados a la problemática. “Nuestra intención es dar opiniones cuando se está gestando una iniciativa, para que el proyecto tenga todos los requerimientos técnicos antes de entrar a estado parlamentario. Ha pasado de que nos requieran opinión después. Y eso retrasa el tratamiento. De ninguna manera queremos obstaculizar sino todo lo contrario, por eso pedimos participar en la elaboración”, declaró Morales.

Como una forma de revertir este diagnóstico, esta semana continuaron en el interior de la provincia con jornadas de capacitación en perspectiva de género para más de 250 agentes estatales.

El primer cuatrimestre contará con la participación de trabajadores que desempeñen sus labores con mujeres en situación de violencia; a partir de agosto se abrirá una nueva convocatoria para personal de otras áreas del Ejecutivo provincial.