La defensora Natalia Buira sostuvo que recibió agravios verbales del juez Víctor Soria. Apuntó, además, contra la secretaria y futura jueza María Cabrera. El caso llegó al Observatorio de Mujeres.
Casos de violencia institucional, laboral y de género, al parecer, se dan hasta en la Ciudad Judicial. Una denuncia contra el juez de Personas y Familia, Víctor Soria, y la secretaria del juzgado 4 de ese fuero, María Mercedes Cabrera, trascendieron el ámbito judicial y llegaron hasta el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Cabrera, por cierto, asumirá mañana como jueza de Personas y Familia de Cuarta Nominación, según informó El Tribuno.
La defensora civil 4, Natalia Buira, y una mujer de la localidad de Gemes, a la que asiste en una causa por cuota alimentaria, radicaron una denuncia el 29 de mayo ante la Secretaría de la Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta, que hasta ahora no mostró avances.
En el expediente (NAS 24.444/18), la letrada y su mandante apuntan contra Soria por «agravios verbales», que se enmarcan en violencia de género, institucional y laboral. El magistrado, en este caso, actuaba como juez interino del Juzgado de Personas y Familia de Cuarta Nominación.
En la denuncia se relata la desatención que tuvo la mujer de Gemes al ser citada por ese juzgado. Buira indicó que tiene como pruebas grabaciones de audio que tomó con su celular ese día. «Me dijo (Soria) que yo no tenía estatura moral para hacerle ninguna denuncia», expuso Buira ante la Superintendencia. La mujer de Gemes agregó que Soria «salió a los gritos».
Buira sostuvo que Cabrera avaló «el accionar violento» del juez, por lo que considera que incurrió en violencia laboral e institucional. La defensora aseguró que padeció malos tratos por parte del juez «desde comienzos de este año».
Sobre la denuncia del 29 de mayo, dijo que la Superintendencia le negó una copia, al responderle que «las actuaciones tienen el carácter de reservadas». «En esa oportunidad manifesté que no pueden tener carácter reservado para las propias denunciantes. La no entrega de copia de la denuncia radicada a la parte denunciante afecta y vulnera los derechos del debido proceso legal, tutela judicial efectiva y acceso a justicia», destacó Buira. Dijo que tuvo que hacer un pedido por escrito, sin obtener novedad. La letrada contó que le respondieron que solo «notificarán la resolución que ponga fin al sumario». «Esto sin darme ninguna oportunidad de control de las pruebas ni de las providencias que se dicten. Ya que me asiste tal derecho en mi carácter de parte denunciante, víctima de violencia de género, institucional y verbal por parte de un magistrado y una secretaria del Poder Judicial, violándose mi derecho y el de mi mandante a la tutela judicial efectiva, acceso a justicia y debido proceso legal», expuso la defensora civil 4.
Laura Postiglione, directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, indicó ayer a El Tribuno que tomaron conocimiento de la presentación de Buira y que solicitarán informes a la Ciudad Judicial.
Soria es el juez que en 2013 le prohibió el aborto no punible a una niña de 13 años, violada por su padrastro, pero no fue apartado del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento.
Cuestionamientos a la designación de una jueza
El 26 de julio el Senado dio acuerdo al pliego de María Mercedes Cabrera para ser jueza de Personas y Familia de Cuarta Nominación. La defensora civil 4, Natalia Buira, hizo graves cuestionamientos a esa designación.
Buira presentó una impugnación ante la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones de la Cámara Alta con la denuncia por violencia institucional y laboral contra Cabrera. Hizo notar que está pendiente la instrucción de un sumario disciplinario ante la Corte.
Buira remarcó que en un anterior concurso, para el cargo de jueza de Familia de Quinta Nominación, Cabrera fue excluida por no haber aprobado el examen escrito, según consta en la resolución de 1334, del 2 de marzo del Consejo de la Magistratura. En el nuevo concurso, no obstante, fue elegida pese a no tener el puntaje más alto de la terna.
“Nunca tuve ninguna notificación de la impugnación efectuada por mi parte como defensora oficial en el expediente Nº 90-26.948/18 de la Comisión de Acuerdos, ni siquiera luego que presenté dictamen emitido por el Focis, Foro de Observación de la Calidad institucional de Salta”, manifestó Buira. La defensora civil también solicitó a la Defensora General, María Inés Diez, que designara un reemplazo para que asista a las audiencias previstas con el juez Soria.
“Me denegó este pedido y me vi obligada a presentar formal excusación, es decir apartamiento de las causas”.
Tampoco hubo respuestas, lo que afecta a las personas que esperan que sus casos avancen. “Quise poner en conocimiento de la ciudadanía esta cuestión de violencia institucional, laboral y de género que me tocó directamente a mí, siendo mujer y magistrada del Ministerio Público de Salta de 24 años de antigüedad para que los ciudadanos reflexionen en que a las autoridades de los tres poderes y también Ministerio Público no les interesa proteger a las víctimas de violencia de género, tampoco a las víctimas de violencia institucional ni laboral, a pesar de la ley de violencia laboral que en tal sentido se está tratando en la Legislatura”, expresó Buira.
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