Policiales

Denuncian que una joven está presa en el penal de villa Las Rosas porque su bebé murió en el parto

Especialistas en derechos humanos cuestionan el tratamiento del caso de una mujer de Cafayate que lleva cinco años en la cárcel de Villa Las Rosas por «homicidio agravado» y no puede ver a sus hijos.

Desde hace cinco años, Gimena (nombre ficticio), de 27 años, está privada de su libertad. Presa en el penal de Villa Las Rosas, asegura que la condenaron por «homicidio agravado» porque su bebé murió durante el parto. Abogadas especializadas en derechos humanos se hicieron eco del caso y denuncian: que el proceso judicial no tuvo perspectiva de género, que no se valoraron las condiciones de vulnerabilidad de la joven, que no accedió a una adecuada defensa y que su pareja hubiera podido ser testigo pero nunca lo citaron a declarar.

La fiscalía y una jueza pidieron que le den prisión perpetua y fue sentenciada a 15 años de prisión efectiva. Luego de la intervención de profesionales del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados de Salta se logró que la condena se reduzca a 10 años. Las letradas, quienes la acompañan desde hace cuatro años, esperan que pronto, cuando se cumpla la mitad de la condena, pueda tener salidas transitorias y volver a ver a sus otros hijos, con los que perdió casi todo contacto.

Gimena tenía 21 años y vivía en Cafayate cuando se quedó embarazada del que sería su tercer hijo. Su pareja, quien es padre de sus otros hijos, se desentendió y le dijo que ese no era su problema: «Arreglátelas».

Ella no quería llevar adelante ese embarazo y no se lo contó a nadie. Cuando quiso acudir a una consulta al hospital público de Cafayate la rechazaron por una cuestión administrativa: no volvió más.

El día que empezó el trabajo de parto le avisó a su pareja. Él volvió a rechazarla y la dejó sola: «Es tu problema». Como muchas mujeres de su entorno, tuvo el parto en el baño de la casa. El bebé nunca lloró: ella dijo que nació muerto y, luego, buscó un lugar donde darle sepultura.

Cuando encontraron el cuerpo del bebé la detuvieron. Un peritaje reveló que se habían llegado a abrir los pulmones, pero no determinó cuánto tiempo habría respirado ni cómo murió. En la casa nadie escuchó ruidos. El cuerpo no tenía signos de violencia, de ahorcamiento ni heridas de arma blanca.

Luego de un proceso judicial en el que ni su defensora hizo escuchar su voz, la joven fue condenada: ya llevaba un año detenida de manera preventiva en la Unidad Carcelaria N§ 4, en el barrio Villa Las Rosas de Salta capital.

Los dos hijos, de los que hasta ese momento se había ocupado como madre soltera, perdieron el vínculo con ella desde que la Justicia inició una causa por el cuerpo de un bebé que -según dijo ella- nunca llegó a vivir.

El padre del bebé no fue citado declarar. Tampoco lo imputaron por ningún delito. Solo a ella la responsabilizaron de todo lo sucedido. El hombre nunca más volvió a ocuparse de sus otros dos hijos: ni económica ni afectivamente. Los niños están al cuidado de un tío abuelo, con quien Gimena vivía antes de perder la libertad.

La causa

En 2017, cuando la abogada Tania Kiriaco era directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), se enteró de la situación de Gimena por medio de su tío, quien le contó su caso y le pidió ayuda, en el marco de una capacitación que daban en Cafayate.

En ese momento Gimena ya tenía una condena. Hasta entonces su defensa había estado a cargo de la defensora oficial Marcela Robles.

La acusación corrió por cuenta de la fiscala Verónica Simesen de Bielke y, en primera instancia, la condenó el Tribunal de Juicio Sala 4, a cargo de Norma Beatriz Vera, Ana Silvia Acosta y Roberto Faustino Lezcano.

Desde el OVcM y el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género, del que Kiriaco forma parte, se presentaron como amicus curiae para que se le redujera la condena. La abogada Daniela Córdoba Gavenda, también integrante de esta institución, accedió a asumir su representación legal en la última etapa y, tras un recurso de casación, consiguió que el Tribunal de Impugnación Sala II, compuesto por los jueces Guillermo Pollioto, Pablo Arancibia y Adolfo A. Figueroa, le redujera la pena a 10 años.

Las profesionales que acompañan y apoyan a Gimena desde que la conocieron aseguran que los funcionarios judiciales que intervinieron en la causa nunca incorporaron una perspectiva de género, de derechos humanos, ni tuvieron en cuenta su situación de vulnerabilidad. Lamentaron no haberse enterado antes para que tuviera acceso real al derecho a la defensa en juicio.

Indicaron que Gimena no conoció a su defensora oficial: «No la entrevistó, no habló con ella ni la escuchó. No escuchó cómo fueron los hechos». Plantearon que la magistrada «nunca le creyó».

Con la nueva abogada lograron que ella visite a sus hijos en Cafayate, al menos una vez al mes «como un derecho de los niños a no perder el vínculo con su madre».

Desde que la causa se radicó en el Juzgado de Ejecución y Detenidos Segunda Nominación, a cargo del juez Martín Martínez, se les quitó este beneficio a sus hijos. Este año, para su cumpleaños, pudo ir a verlos y estar con ellos 15 minutos.

Las letradas señalaron que, si la Ley N§ 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hubiera estado vigente cuando Gimena la necesitó, «ella nunca habría pasado por todo lo que está viviendo».

En la actualidad las abogadas esperan a que se cumpla la mitad de la condena para gestionar que tenga salidas transitorias para trabajar o para tener contacto con los hijos. «Ella quiere volver. Se desespera por ver a sus hijos», relataron.

El año pasado, su historia, junto con las de otras seis mujeres de distintos lugares de la Argentina, formó parte del libro «Dicen que tuve un bebé. Siete historias en las que el sistema judicial encarcela mujeres y a casi nadie le importa».

Castigadas por pobres

«Es un castigo», manifestó Kiriaco. «Les niegan el derecho a los niños a revincularse con su madre. Es una condena sistemática: pierde la libertad y el vínculo con sus hijos», observó.

«Las mujeres son castigadas por un sistema que no tiene en cuenta sus trayectorias de vida», expresó, y señaló: «No tuvo educación sexual integral, no tenía trabajo, dependía de algún aporte del Estado, no tenía formación…». «El castigo para un evento obstétrico en su vida fue la pérdida de la libertad», expresó.

Desde que la conocen, desde el Instituto de Género, la Fundación Género y Masculinidades (Gema) y la Multisectorial de Mujeres, entre otras organizaciones, hicieron colectas para acercarle elementos de higiene que no le proveen en el penal, como jabón, champú y toallas.

Como está muy lejos de sus familiares, Gimena casi no recibe visitas, salvo las de Kiriaco y las de su abogada. Sus hijos nunca pudieron visitarla.

Las abogadas señalaron que su situación sería distinta si ella pudiera cumplir su condena en Cafayate.

Tania Kiriaco mencionó que, cuando ella era directora del OVcM, detectaron el abandono que sufrían las mujeres privadas de la libertad por parte de las defensoras oficiales. Ellas les contaban que quienes debían velar por sus derechos «no iban a visitarlas». Muchas no sabían su situación procesal y no conocían siquiera a quien las representaba.

En los años 2018 y 2019, desde el organismo presentaron notas e hicieron informes que entregaron al Gobierno de la Provincia para que se revierta esta situación.

La historia, en un libro

La historia de Gimena está narrada en el libro “Dicen que tuve un bebé. Siete historias en las que el sistema judicial encarcela mujeres y a casi nadie le importa”, escrito por María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos y publicado por Siglo Veintiuno Editores en 2020. En el prólogo, Julieta Di Corleto señala que se trata de “procesos penales seguidos a mujeres injustamente acusadas de haber acabado con la vida de su descendencia”. Observa que la reiteración de ciertos patrones de trabajo de algunos funcionarios judiciales “permite entender el alcance de las violaciones a los derechos de las mujeres” y que el libro ayuda a ver “cómo la ley penal opera dentro de la maquinaria judicial”.

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