Barrio 20 de FebreroDenuncian a la policía por disparar y ocasionar la pérdida de un ojo a una vecina de 58 años

La fiscalía penal de Derechos Humanos de Salta inició una investigación, tras la acusación realizada en el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales.

Una familia salteña denunció que efectivos la División de Infantería del sector 5 A dispararon indiscriminadamente y dejaron sin el ojo derecho, a una mujer de 58 años. Por esta acusación realizada en el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, tomó intervención en el caso.

Mirta del Valle Paz, de 58 años, es una vecina de barrio 20 de Febrero de la ciudad de Salta, pensionada y trabajadora no registrada de casas particulares. Ella recibió el impacto de un proyectil en medio de operativo policial, el pasado 11 de septiembre, cuando los efectivos fueron alertados de un conflicto entre vecinos, según relató su hijo.

Un grupo de la División de Infantería llegó al domicilio y realizó varios disparos, uno de los cuales impactó en el ojo derecho de su madre. «Pateaban el portón e hicieron tiros para adentro de la casa, ahí le dispararon a mi madre. No pudieron entrar porque agarrábamos al portón de chapa y hacíamos fuerza para que no pasen pero de arriba tiraban tiros», contó el hijo de la víctima, Carlos Canavides, a Salta12.

El joven relató que llevó a su madre al Hospital San Bernardo, donde fue operada y perdió el ojo derecho.

Entre las medidas ordenadas en la investigación, la fiscal solicitó la historia clínica al Hospital San Bernardo, la revisión médica de la víctima por parte de médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la toma de distintas declaraciones testimoniales.

Por este hecho y los sucesivos casos de abusos policiales en los últimos meses, la Mesa por los Derechos Humanos de Salta pidieron que el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, sea removido de su cargo. «Exigimos el cese de la violencia institucional cometida por las fuerzas de seguridad y la remoción de Juan Manuel Pulleiro del Ministerio de Seguridad. Asimismo, pedimos al Estado que garantice la atención necesaria, económica, legal y psicológica, a las víctimas de violencia institucional», comunicaron los representantes de la Mesa de Derechos Humanos de Salta.