Judiciales

Justicia Dejaron sin efecto la mayoría de las medidas restrictivas contra los Peñalva

Marisa y Gustavo Peñalva, se habían manifestado en las afueras de la Ciudad Judicial y escrachado a funcionarios que estuvieron en la causa Luján y Yanina, por eso les habían impuesto restricciones y prohibiciones de acercamiento.

El abogado Pedro Arancibia, explicó en Profesional FM, que la Sala III del Tribunal de Impugnación, resolvió parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de la jueza de garantías Ada Guillermina Zunino, que, impuso a los hermanos Marisa y Gustavo Peñalva la prohibición de acercarse a la Ciudad Judicial y de ejercer ‘actos de violencia psíquica’ contra jueces y fiscales que intervinieron en la causa.

El Tribunal de Impugnación ha dejado subsistente la prohibición de acercamiento físico de los Peñalva a los jueces y fiscales, pero ha razonado que esta prohibición no puede practicarse en la Ciudad Judicial. En este punto en concreto, el Tribunal dice que la prohibición de acercamiento tiene como finalidad resguardar a las personas que aparecen como víctimas del delito de amenazas -jueces y fiscales- lo que claramente está cubierto en los edificios públicos del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, ya que estos lugares se encuentran dotados de cámaras de vigilancia, como así también de personal de seguridad privada y pública -empresa Guardián y la Policía de la Provincia-, no solo en áreas comunes sino también en sus propias dependencias.

De acuerdo con la misma resolución, los recursos y dispositivos de seguridad de la Ciudad Judicial «tienen el deber de velar por su seguridad, por lo que podría afirmarse que en sus lugares de trabajo (los jueces y fiscales) gozan de un plus de protección contra posibles ataques. Y razona jurídicamente en consecuencia afirmando que desde esta perspectiva, resultaría, cuando menos, inconveniente hablar de la imprescindibilidad de la medida que requiere la norma (Art. 102 del C.P.P.).

Finalmente, Arancibia indicó que quisieron ponerle una especie de bozal o censura a los Peñalva y por eso el fiscal Marcos Molinatti le había pedido a la jueza Ada Zunino este tipo de cosas bajo el argumento de que sentían amenazados pero en realidad era una “burla”.

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