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Sospechas de corrupciónCuadernos: Bonadio le dio una buena noticia a La Cámpora en medio de la campaña electoral

Sobreseyó a Máximo Kirchner, De Pedro, Larroque, Ottavis y Julián Alvarez, por considerar que no integraban la asociación ilícita que dirigía Cristina.

El juez Claudio Bonadio decidió dar por clausurada la causa conocida como los cuadernos de las Coimas, poniendo como principal responsable de la «organización delictiva» a Cristina Kirchner a quien envió a juicio oral como jefa de la asociación ilícita. La resolución de 157 páginas incluyó otra medida: sobreseer a Máximo Kirchner y a los demás integrantes de La Cámpora.

Cuando avanzó el expediente, el juez y el fiscal Carlos Stornelli investigaron a Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Eduardo «Wado» de Pedro, Julián Álvarez, José María Ottavis, Sergio Szpolski, Ricardo Ivoskus y Enrique García. Todos ellos fueron indagados bajo la sospecha de haber participado de la asociación ilícita que se dedicó a la «recaudación de fondos ilegales».

Después de las indagatorias, la Sala I de la Cámara federal porteña había ordenado a Bonadio que resuelva la situación procesal de Máximo Kirchner-. En el marco de esta situación, Bonadio analizó el rol de los integrantes de La Cámpora en la estructura investigada.

El hijo de Cristina y los demás referentes de su agrupación política quedaron involucrados en el expediente, después de los dichos de José López, ex secretario de Obras Públicas, en su rol de imputado colaboradora, como también por la declaración de Hugo Larraburu, secretario del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. Ambos señalaron «como unos de los destinatarios de parte del dinero proveniente de la asociación ilícita investigada para solventar distintas actividades políticas y financiar agrupaciones satélites del partido –“Frente Para la Victoria” – como es el caso de “La Cámpora”, explica la resolución.

Sin embargo, de la prueba recolectada durante la instrucción, el juez Bonadio señaló que «no es posible afirmar que los nombrados hayan tenido una participación en la asociación ilícita comandada por Néstor y Cristina Kirchner» y determinó que «su conducta se habría circunscripto a la recepción de parte del dinero ilegal para destinarlo a actividades de naturaleza política y electoral, de modo irregular y fuera de la normativa vigente».

Esta medida condujo a que Bonadio envié a otro juzgado el tramo que investigada la intervención de los integrantes de La Cámpora, al tratarse de un delito de carácter electoral. Esa causa está radicada en el juzgado de Sergio Torres, que al integrarse a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, dejó vacante su juzgado, Ahora es María Servini quien quedó subrogando el cargo.

Por lo cual, Bonadio debía resolver la participación de de La Cámpora en la asociación ilícita investigada, «corresponde señalar que los nombrados no surgen de la prueba que fue incorporada en el marco de la presente causa, ni tampoco en sus conexas».

Por ello dispuso el sobreseimiento de Máximo Kirchner, José María Ottavis, Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, Julián Álvarez, Sergio Szpolski, Ricardo Ivoskus y Enrique García, «respecto a su participación en la asociación ilícita investigada en la presente investigación».

En tanto, al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el juez lo sobreseyó como parte de la asociación ilícita, pero mantuvo su acusación como partícipe secundario en 18 hechos de cohecho pasivo.

Otros sobreseídos

Una medida de similares características alcanzó a un grupo de ex funcionarios como Jorge Mayoral (ex titular de Minería), Oscar Parrilli (ex secretario General de la Presidencia), Hernán Gómez, Fabián García Ramón, Néstor Otero, Raúl Copetti, Enrique Pescarmona, Hugo Larraburu, Luis Betnaza, Carlos Mundin, Walter Fagyas, entre otros.

El juez Bonadio los había procesado respecto al delito de asociación ilícita, pero la Sala I de la Cámara Federal porteña «entendió que no pudo acreditarse el acuerdo criminal, por el que asumieran un rol determinado dentro de la organización y que sirva para alcanzar sus fines, lo cual debe tener además cierta proyección en el tiempo».

En esta misma situación también se encuentran los imputados Jorge Neira, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta y Francisco Valenti, a quienes también se les imputó su participación en la asociación ilícita investigada.

«No pudieron incorporarse nuevos elementos de prueba que permitan modificar el estado expectante adoptado por el Superior y en lo referente a su participación y vinculación con la asociación ilícita investigada en el marco de la presentes causa», sostuvo Bonadio.

En el caso de Parrilli y Mayoral, no se pudo corroborar que habrían recibido y entregado dinero a Roberto Baratta como surge de las anotaciones de Centeno, «mientras que en el caso de los otros imputados su vinculación con los sucesos se encuentra relacionada con los hechos por los que fueron procesados, no surgiendo de la prueba recolectada nuevos elementos relacionados con su pertenencia a la asociación ilícita investigada».

La lista de sobreseídos incluyó al empresario Marcelo Mindlin, «en estos casos no se vislumbra la matriz establecida en el resto de las entregas de dinero investigadas en el marco de la presente causa», sostiene la resolución.

En esta misma línea, Bonadio concluyó: «En estos casos no se cuenta con elementos de convicción necesarios como para atribuirles su participación a los nombrados y, por ende, tampoco a los funcionarios públicos que habrían recibido los pagos».

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