La ex Presidente, sus hijos, Lázaro Báez, Cristóbal López y varios empresarios quedaron en la mira por diversos negociados inmobiliarios.
El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público el caso Los Sauces, que investiga una serie de negociados inmobiliarios a través de los cuales se habrían lavado activos probablemente provenientes de fondos de la obra pública.
Estarán sentados en el banquillo de los acusados la ex presidente Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. También deberán defenderse de las acusaciones Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro, Luciana, y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Completan la nómina de los imputados Emilio Carlos Martín, Claudio Fernando Bustos, Martín Samuel Jacobs, Romina de los Ángeles Mercado, Carlos Alberto Sancho, Norma Beatriz Abuin, Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Leandro Albornoz, Víctor Alejandro Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Oscar Alberto Leiva, Rolando Aníbal D’Avena, Marcelo Gustavo Mazú, Raúl Oscar Avarese, Lisandro Manuel Gauna y Mónica Liliana Romero.
Según describió Ercolini, a Cristina Kirchner se la acusa de haber liderado una asociación ilícita que diseñó, ejecutó y dirigió entre 2009 y 2016 «un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces S.A». Con esa operatoria, se lograba «legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado a través de empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la sociedad comercial».
La hipótesis de los fiscales del caso apunta a que Néstor y Cristina Kirchner compraron varias propiedades a través de Los Sauces, que luego fueron dadas en locación a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López con el propósito de que ese alquiler constituyera la causa jurídica que justificara el flujo de fondos millonarios a través del que se buscaba legitimar dinero de origen ilícito. Así, el matrimonio presidencial habría ingresado a su patrimonio millones de pesos provenientes de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz bajo una fachada legal aparentemente lícita.
Cristina Kirchner tendrá la agenda judicial completa en 2019. Es que a este juicio oral se suman otras causas en las que deberá sentarse en el banquillo de los acusados: la primera será a partir del 26 de febrero, por la concesión de la obra pública en Santa Cruz. En la misma instancia -aún sin fecha de inicio- se encuentran los casos por el dólar futuro y por la firma del memorándum con Irán.
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