Política

Causa vialidadCristina Kirchner, condenada: en su sentencia, los jueces confirmaron que existió el plan «limpiar todo» para encubrir a Lázaro Báez

Sostuvieron que se puso en marcha durante el fin del mandato de Cristina Kirchner para intentar ocultar las maniobras a favor del empresario K.

“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses del Estado”, explicaron los jueces que condenaron a Cristina Kirchner este martes en el caso Vialidad.

 

Como primera aclaración, los jueces del Tribunal señalaron que no se ocuparon de juzgar “la decisión de aquel gobierno nacional (períodos 2003-2007 y 2007-2015) de implementar una gestión de desarrollo vial marcadamente favorable para la Provincia de Santa Cruz (en comparación con lo que había sido hasta entonces la historia vial del país)”.

En otro tramo explicaron que tampoco se puso bajo análisis en el juicio que duró tres años y medio, “ni la oportunidad, mérito y conveniencia de esa política pública” de un plan de obras viales para la provincia patagónica. Aquellas cuestiones, explicó el TOF 2, “integran la categoría de cuestiones políticas no justiciables, ajenas al ámbito del control jurisdiccional y privativas de otros poderes constitucionales que conforman la república”.

Lo que sí hicieron los jueces fue analizar “en concreto la forma en que se ha implementado esa política pública” que terminó convirtiéndose en 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez por $ 46.000 millones.

Además, confirmaron que el plan «limpiar todo», que había denunciado el fiscal Diego Luciani, existió y se puso en marcha para tratar de ocultar las maniobras en el fin del mandato de Cristina Kirchner para proteger a Lázaro Báez.

Sin utilizar la expresión que eligió el fiscal Diego Luciani, los integrantes del Tribunal se refirieron al período final de Austral Construcciones. Los jueces dijeron que independientemente del fraude en perjuicio de la administración pública, se verificó por parte de la ex Presidenta “llamativos y groseros aportes personales en la estrategia criminal, particularmente en su etapa conclusiva (año 2015)”, cuando para la fiscalía se puso en marcha el plan “limpiar todo”.

Lo que sucedió es que responsabilizando a la incipiente gestión de Mauricio Macri, el ex socio comercial de los Kirchner dijo que ante la cesación de pago la empresa no podía continuar operando. De su actividad dependían 3.000 trabajadores y sus respectivas familias.

En el contexto de esa circunstancia Luciani habló del «plan limpiar todo» en referencia a un mensaje de José López que recibió Julio Mendoza, días previos al cierre definitivo de la constructora de Báez que inició su actividad en mayo de 2003. El universo de comunicaciones era amplio: incluía a Rocío García, entonces pareja de Máximo Kirchner, y mensajes de Báez hablando de «la señora».

En esa etapa final de Austral Construcciones, entendieron los integrantes del TOF 2 que también se advirtió que actuaba como intermediario -tanto funcional como fácticamente- entre los dos beneficiarios de esta maniobra el ex secretario de Obras Públicas, José López. “Fueron conductas ajenas al ámbito funcional de cada uno y que, una vez más, pusieron de resalto la existencia de vínculos estrechos y corruptos entre funcionarios públicos e integrantes de una empresa contratista de obra pública”.

Para los jueces Cristina Kirchner y López, con el objetivo de beneficiar a Báez en el cierre definitivo de la firma “desoyeron deliberadamente las múltiples alarmas que, casi desde el albor de la maniobra, se reproducían periódicamente tanto desde ámbitos administrativos, judiciales como mediáticos”.

A ese criterio le agregaron que pese al énfasis que había sobre las irregularidades que en materia vial se venían cometiendo en la provincia de la que provenían”, lo “más grave” dijeron los jueces, fue “la íntima relación personal y comercial entre el matrimonio Kirchner y el empresario acusado de haber forjado una fortuna formidable a partir de su incursión en la obra pública vial a partir de mayo de 2003”.

Beneficios en cada contrato

Las obras viales licitadas en Santa Cruz, explicaron los jueces, “fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas a Lázaro Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.

Entonces ¿Cómo funcionó ese plan criminal?

Los procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), por facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y en algunos casos por este último de forma directa.

Una «grotesca subordinación»

Para que dentro de esos organismos se pueda avanzar con la maniobra investigada, el Tribunal dijo que las pruebas producidas durante el juicio expuso que algunos funcionarios, Nelson Periotti, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Raúl Santibáñez, junto a ex funcionarios de las agencias viales “operaron de diversas maneras al margen del interés público en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras”.

Es decir, cada cual según su rol y competencia- “configurando, detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito”. Algo que los jueces calificaron un «nivel grotesco de subordinación, cercanía y confusión entre las personas físicas y jurídicas involucradas en la maniobra».

Omisión de controles

Las irregularidades dentro de los organismos estatales fue la regla. Fue así que en tercer término los jueces afirmaron que estos funcionarios “omitieron deliberadamente velar por los principios básicos de transparencia y competencia propios de los procesos licitatorios”.

Esto derivó en otra conducta reprochada: los funcionarios”han sido condescendientes con las empresas del grupo Báez para que éstas resultaran adjudicatarias de la mayoría de las obras viales licitadas en Santa Cruz” entre 2003 y 2015.

Para que los beneficios sean obtenidos por parte del Grupo Austral, los funcionarios “omitieron controlar suficientemente lo actuado por las contratistas como así también supervisar mínimamente el avance de las obras”.

Hubo más. El TOF 2 dijo que esa estructura que pertenecía al Estado, “han tratado en forma preferencial a las sociedades del grupo (Báez), proveyéndolas de canales exclusivos y privilegiados de cobro ya sea garantizando adelantos financieros permanentes o a través de pagos anticipados de certificados de obra”.

El interés de Cristina

Finalmente, los jueces hablaron de que este mecanismo, estos beneficios, ese cumplimiento del plan criminal en el que tuvo “interés Cristina Kirchner”, evidencian “la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes a Lázaro Báez”.

Los lazos fueron determinantes, indicaron los jueces, “para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficticia legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de Cristina Kirchner y Lázaro Báez”.

En este entramado fue necesaria la voluntad de los funcionarios acusados quienes “violando sus deberes sobre el manejo, la administración o el cuidado del patrimonio y con el fin de procurar un lucro indebido, perjudicaron los intereses confiados y obligaron abusivamente al Estado Nacional”, determinaron los jueces.

 Al respecto los jueces colocaron a la vicepresidenta y a Báez como elementos de una misma ecuación: sin ellos dos la maniobra no hubiera existido.

Cristina Kirchner tuvo un “interés manifiesto sobre el plan criminal” en su rol de presidenta de la Nación, “evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”.

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