Proceso Crimen de Fernando: rechazaron la recusación de la fiscal y ella seguirá investigando

El abogado de los imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa denunció a Verónica Zamboni por una supuesta falta de objetividad en la investigación. El juez David Mancinelli, que firmó la prisión preventiva para ocho de los jóvenes de Zárate, respaldó a la funcionaria judicial

El juez de Garantías David Mancinelli, quien interviene en la causa por el homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, rechazó la recusación de la fiscal del caso, Verónica Zamboni, que había sido planteada por la defensa de los diez rugbiers imputados por el crimen y seguirá a cargo de la investigación.

La medida fue tomada este mediodía en los tribunales gesellinos en rechazo al planteo del defensor Hugo Tomei, quien además denunció penalmente a Zamboni por creer que cometió delitos durante la instrucción del caso.

En primer lugar, Tomei planteó que el fin de semana que los acusados fueron detenidos no se cumplió correctamente con las formas que establecen los artículos 308 al 315 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Al momento de su detención y la instancia de declaración indagatoria, no se llevaron a cabo correctamente las formalidades de lectura de los derechos que asisten a los imputados, el informe detallado de los hechos que se les imputan y la exhibición de las pruebas.

Las actas de ese domingo por la noche, denunció, exhiben diferencias de apenas minutos entre cada una de las indagatorias, en la que los rugbiers hicieron uso de su derecho de negarse a declarar. “Es imposible que en menos de un minuto se hayan realizado los procedimientos de forma correcta”, explicaron en su momento.

Es por eso que le endilgaron a la fiscal, dos secretarios de la fiscalía y la defensora oficial los delitos de “falsedad ideológica de un instrumento público”, “incumplimiento de los deberes del funcionario público” y “privación ilegítima de la libertad”.

En su presentación, Tomei puntualizó principalmente sobre la presunta carencia de objetividad que presenta la dirección de la investigación con la consecuente vulneración que ello conlleva de la garantía constitucional de defensa en juicio de sus asistidos.

También mencionó una supuesta reunión privada llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre la fiscal Zamboni, el abogado querellante, Fernando Burlando, y los padres de Fernando, Silvino Báez y María Graciela Sosa.