Política

Salpica al Ministerio de EducaciónCrece el escándalo en la ADP: ahora denuncian a Patricia Argañaraz por la venta de títulos truchos

Patricia Argañaraz

Ya interviene la justicia en la acusación por el otorgamiento de cargos docentes a cambio de entregar los tres primeros sueldos.

Luego de la denuncia de un desfalco multimillonario contra la titular de la Asociación Docente Provincial (ADP), Patricia Argarañaz, ahora apareció  una nueva en la que se le imputa la venta de títulos truchos entre otras cosas.

Unas semanas después de que se publicara la noticia acerca de la acusación contra Patricia Argarañaz, secretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP, realizada por su propio hermano, quien detalló un desfalco en los fondos sindicales por más de cien millones de pesos, se realizó una nueva presentación judicial, esta vez por asociación ilícita.

Basado en testimonios que fueron refrendados en la fiscalía de la capital salteña, el delegado sindical Julio Barrios presentó un escrito en el que detalla la venta de títulos falsificados para ejercer cargos a personas que no habían cursado el magisterio a cambio de que se entregarán los tres primeros sueldos. El documento señala que habría complicidad en el delito que incluiría a personas del Ministerio de Educación de Salta.

La presentación de Barrios se suma a una anterior realizada por el profesor Alberto José Rodríguez, director del Instituto de Formación Artística «Danzas de la patria» en la ciudad de Orán. «A una docente de ADP no se le ocurrió mejor idea que falsificar los títulos de la academia», relató Rodríguez a Infobae. Y agregó: «Nos enteramos cuando el hijo de 8 años de una señora que estaba en la academia le dijo que no quería ir más a cursar. Me sorprendió. ‘Lo que pasa es que la maestra le pide a él que le enseñe a los otros chicos’, me explicó la madre. La maestra también les pedía a chicos de 8 años que hicieran trabajos de teoría del folclore, con explicación histórica y con las coreografías y tiempos musicales y compases».

–¿No es demasiado para un chico de 8 años?

–Sí. Lo que pasa es que la maestra no sabía nada de la docencia, no había terminado la secundaria y menos había cursado educación artística sino que había comprado un título falsificado. Me llamó la atención porque había, no gato, sino tigre encerrado. Se presentó una chica que da clases, Noemí Mansilla, y me dijo: ‘Profesor, le están falsificando los títulos’. El negocio comenzaba en el cyber, que cobraba la falsificación, luego la delegada del sindicato docente de Pichanal cobraba de entrada 2500 pesos por la falsificación y después pedía los tres primeros sueldos por la entrega del cargo docente. Pongamos el sueldo mínimo podía ser de ocho mil pesos, por tres turnos, 24 mil pesos, y eso por tres meses. Podían sacar hasta alrededor de 60 mil pesos por la operativa». El profesor Rodríguez hizo entonces la denuncia penal en la justicia.

Barrios profundizó la denuncia y, como es delegado del gremio, aportó detalles de la posible intervención de la directiva provincial del sindicato, comandado por Patricia Argarañaz y funcionarios del ministerio de Educación salteño, que habrían tenido participación en la oficialización de los títulos. Así, en la denuncia por «asociación ilícita», detalla la operativa que comenzaría por la falsificación de los títulos realizada por la delegada de Pichanal Margarita Gil, encargada de la supuesta operativa en los departamentos de Orán, Tartagal, Joaquín V. González, El Quebrachal y Embarcación.

En la denuncia penal, Barrios señala que lo recaudado habría sido entregado directamente por Gil a Argarañaz y que Carina Wayar, secretaria técnica del ministerio de Educación, habría sido la persona encargada de habilitar el otorgamiento de cargos de acuerdo a la operativa descripta.

–Usted es delegado desde hace varios años y es delegado del sindicato. ¿Conocía esta operativa?

–La operativa la conocíamos todos, pero te da temor a perder el trabajo, no podés decir ni opinar nada. Esta operativa este año fue descarada, la impunidad era tal que el sindicato se presentaba donde se hacían las designaciones y se ponía una oficina junto a la oficina del ministerio de Educación.

–¿Cómo toman los maestros estas denuncias?

–La docencia salteña está tomando conciencia de lo que está pasando. Esperemos que por el hecho de que salga todo esto a la luz produzca un cambio.

Fuentes oficiales del gobierno salteño declararon: «En el caso de las designaciones docentes, éstas se efectúan de conformidad con el régimen sancionado por el Estatuto del Docente, Ley N° 6830 y su decreto reglamentario. En este sentido, en el Ministerio de Educación se constituyó un organismo permanente que se denomina Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, cuyas funciones alcanzan a docentes de unidades educativas de gestión pública, en los niveles inicial, primario, secundario y sus diferentes modalidades. Los miembros de este organismo son elegidos por el voto secreto y obligatorio del mismo personal docente. La Junta elabora anualmente los cuadros de puntaje que se remiten a las Secretaría Técnica o a las instituciones para las designaciones, según vacantes existentes», según publicó Infobae.

La denuncia indica que Wayar habría otorgado los puntajes necesarios a los compradores de los títulos truchos.

Carmen Venencia, docente de secundario, afiliada al sindicato y miembro de la opositora lista Tribuna Docente, también presentó una denuncia penal para que la Fiscalía convoque a los docentes involucrados en la operativa ilegal y a Raúl Argarañaz, hermano de Patricia y denunciante de la dirigente, y a Barrios. «También vamos presentar los testimonios de docentes que todavía no quieren dar su nombre», dice a este medio.

La denuncia por «asociación ilícita» se suma a la realizada por desfalco multimillonario, que sumaría más de cien millones de pesos faltantes de los fondos de los afiliados, que denunció Raúl Argarañaz, que dijo ser un arrepentido e informó cómo él mismo habría «dibujado» los balances para la estafa millonaria. «Cuando vi que el robo era demasiado decidí irme del sindicato y ahora realizo la denuncia por este accionar delictivo, por el que he recibido amenazas de muerte», según publicó oportunamente Infobae.

Ese medio dijo que intentó comunicarse con Patricia Argarañaz pero no contestó los llamados ni mensajes. En cambio, Ana María Cerezo, tesorera del sindicato y mano derecha de la dirigente sindical, replicó: «Solo te puedo decir que es todo mentiras. Feliz Navidad, que Dios bendiga su hogar y que el año próximo sea lleno de éxitos». El escándalo en la ADP sigue creciendo al ritmo de nuevas denuncias y todo indica que el proceso sigue abierto.

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  • Que pena que las personas que deberían cuidar nuestros intereses ,ser transparentes, honestos por el solo hecho de ser docente tarea e imagen tan noble que deberíamos irradiar sean de lo peor y manipulen a sus antojos nuestro gremio

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