Es porque criticó a la justicia de Chile en una carta que le mandó el presidente al ecuatoriano Guillermo Lasso, con quien el gobierno argentino mantiene una fuerte tensión diplomática.
El gobierno de Chile, a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, le exigió este jueves a Alberto Fernández que sea respetuoso de las instituciones de su país y tildó los dichos del presidente argentino en una carta publicada en Twitter como «impertinentes e impropios».
Sobre el final del día también se pronunció el nuevo canciller Alberto Van Klaveren, que pidió respetar las instituciones, por lo tanto a la Justicia de Chile.
El nuevo fuego con un gobierno aliado como lo es el de Gabriel Boric -con el que ya hubo varios cortocircuitos- se inició a raíz de la dura carta que Fernández le mandó a Guillermo Lasso, su par de Ecuador, en el contexto de la escalada diplomática con ese país por el caso de la ex funcionaria correísta Maria de los Angeles Duarte Pesantes.
Es la mujer que, condenada a ocho años de prisión por un caso de corrupción, tras pasar dos años refugiada en la embajada argentina en Quito se escapó hace más de una semana y apareció con el embajador argentino en Caracas, Oscar Laborde. Tenía un ofrecimiento argentino de asilo pero Lasso no le daba el salvoconducto. Por el escape, Ecuador expulsó al ahora ex embajador Gabriel Fuks de Quito.
Presidente @LassoGuillermo, reciba estas palabras con el sincero afecto de siempre. Haga el esfuerzo de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestros pueblos vincula.
En la carta a Lasso que ahora generó un choque con Chile Alberto Fernández escribió recriminándole a su par por declarar persona no grata a Fuks: «Sabe usted el respeto que le dispenso. Sabe también que quiero que la institucionalidad ecuatoriana se preserve. Pero quiero que sepa también que a todos debe lastimarnos que en su Patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores».
Con esta frase y la doctrina del «lawfare» de la supuesta persecución política detrás de causas judiciales por corrupción, Alberto buscó defender a Cristina Kirchner; a Rafael Correa, con condena sin cumplir por la misma causa que su ex ministra de Transporte; a Duarte Pesantes; a Lula da Silva, y a su amigo Marco Enriques Ominami, que está siendo enjuiciado por una causa de corrupción en Chile.
Acusado por hechos de presunta corrupción, ex candidato a presidente por un partido de izquierda independiente, Ominami recibió el apoyo de todo el Grupo de Puebla en un pronunciamiento que firmó Alberto Fernández, el único presidente que lo hizo, un texto que también criticaba a la justicia chilena.
Fue en febrero cuando suscribió una carta del Grupo de Puebla en la que 29 firmantes denunciaban que «desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera».
La firmaron, entre otros, José Luis Rodríguez Zapatero, y de líderes latinoamericanos como el colombiano Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa, el panameño Martín Torrijos y el boliviano Evo Morales. La mayoría de ellos estuvo presente esta semana junto con la vicepresidenta Cristina Kirchner en un encuentro de derechos humanos y adhirieron con su aplauso de pie al operativo clamor por «Cristina Presidenta«.
Ahora, el ministro Luis Cordero respondió a Fernández por segunda vez en torno a la postergación del juicio del caso de presunta corrupción política conocido como «SQM». Rechazó los cuestionamientos de presidente argentino y los tildó de “impertinentes e impropios”.
Al referirse a la demora judicial que criticó el Grupo de Puebla y también Fernández dijo: «Es un hecho público y notorio lo que sucede con las extensiones de los juicios orales, pero una cosa muy distinta es transformar eso en problemas de proceso y garantía», añadió el ministro, quien además instó a Fernández a “ser respetuoso con las instituciones”.
Cordero le dijo a la prensa trasandina que «no se atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la Justicia argentina» y calificó el contenido de «improcedente e impropio».
El caso SQM lleva ocho años de investigación y se postergó nuevamente el juicio. En febrero un tribunal ordenó abrir un sumario contra jueces y funcionarios del Poder Judicial debido precisamente a los atrasos en abrir la llamada vista oral.
Ese caso data de un escándalo de 2015. Se investiga una presunta financiación ilegal de candidatos y partidos políticos con pagos de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, una de las mineras de más peso del país. Se investiga a personas relacionadas con estos por servicios que no fueron prestados.
Por la carta de febrero firmada por Fernández y el Grupo de Puebla, el presidente Boric salió al cruce con una escueta pero dura frase: «Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas», dijo mientras que la ahora ex canciller chilena Antonia Urrejola consideró los dichos del mandatario argentino como «absolutamente improcedentes».
En ese sentido, también Van Klaveren recordó el pedido de Boric: «Así como nosotros respetamos las instituciones de nuestros países hermanos, esperamos el mismo respeto para nuestras propias instituciones“,dijo.
“Es tan simple como eso, la relación con Argentina es de gran importancia y hay muchos aspectos que estamos viendo con nuestros amigos argentinos y nos vamos a reunir también con Argentina con motivo de la Cumbre Iberoamericana“, anunció.
“Lo importante es lo que une a los dos países. Vamos a conversar de distintos temas, tenemos una agenda muy completa”, sostuvo Van Klaveren.
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