Los apoderados de la institución se presentaron espontáneamente en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos. Pusieron a total disposición la documentación e información relacionada con la denuncia presentada días atrás por los legisladores del bloque UCR.
En el voluminoso descargo, sostienen que la denuncia constituye un acto apresurado que no tiene respaldo documental alguno, pidiendo la desestimación y archivo por inexistencia de delito.
Sostienen que existen numerosos controles que realiza la Auditoría General Provincial, el Tribunal de Cuentas Municipal y el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, al margen de que cuenta con una Unidad de Sindicatura Interna y un departamento que controla la ejecución de convenios.
Es por ello que califican de temeraria la acusación de que los funcionarios podrían integrar una asociación ilícita, o incurrieran en malversación de caudales o hubieran intervenido en negociaciones incompatibles. En este sentido consideran que los denunciantes ni siquiera mencionaron a las personas o hechos puntuales, que permitirían formular semejante reproche.
Entienden que es reduccionista la visión de los legisladores por no tener en cuenta que existen gastos vinculados con logística y funcionamiento operativo de la Cooperadora Asistencial, y tampoco admiten que es necesario abordar la problemática social previo relevamiento mediante consultoría y estadísticas, como también difundiendo los programas que benefician a los vecinos de Salta.
Por último, sostienen que el trabajo institucional de la Cooperadora es ordenado y que no se agota en la asistencia con la Copa de Leche, entrega de bolsones, medicamentos o subsidios, sino que también comprende problemáticas de género, violencia intrafamiliar y adicciones, destinando recursos para tal fin.
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