Pese a la condena, el exintendente de El Bordo no irá a prisión
Quedó firma la sentencia contra el exintendente de El Bordo, Juan Rosario “Chicho” Mazzone por el delito de corrupción de menores. El fallo también confirma la sentencia contra Manuel Santiago “Almita” Amador y Eliseo Elías Valdez.
Los jueces de la Sala III del Tribunal de Impugnación, Rubén Arias Nallar y Eduardo Barrionuevo, decidieron rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas. También rechazaron en el mismo fallo la casación que había interpuesto la fiscal penal interviniente, según confirmó La Gaceta de Salta.
Mazzone, Amador y Valdez, fueron condenados el 17 de febrero de 2017 por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por resultar coautores penalmente responsables del delito de corrupción de menores.
En el nuevo fallo, los jueces dijeron que las objeciones de la defensa se reducen simplemente a una valoración distinta de los elementos probatorios tenidos en cuenta en la sentencia, sin que ello alcance para conmover la solidez de la fundamentación del fallo.
Agregaron que las versiones aportadas por las entonces menores de edad durante el debate son las que deben prevalecer sobre otras, ya que el testimonio prestado en el juicio es la prueba propiamente dicha.
Destacaron que atenta contra el normal desenvolvimiento sexual de un menor el permitir, no impedir o incluso mostrar indeferencia, que cinco mujeres (cuatro de ellas menores de edad) ingresen en una pileta en ropa interior, en el contexto de un asado con una fuerte presencia masculina de edad adulta y a altas horas de la noche, permitirles el ingreso a la vivienda y que se saquen fotos, para generar la oportunidad de proponer “tener algo”, aumentando la posibilidad de que sea aceptada.
Le atribuyeron razón al tribunal juzgador en cuanto consideraron que todo constituyó un ambiente ideal para las propuestas de índole sexual que surgieron con posterioridad.
Manifestaron que, a propósito de aquellos que dijeron desconocer la minoría de edad de las víctimas, el comportamiento de las menores en todo momento dejó en claro la falta de madurez psico-física y sexual para entender lo que ocurría. En ese sentido agregaron que son los adultos los que deben asegurarse de estar frente a una persona con plena capacidad para comprender la sexualidad y decidir maduramente respecto a ello, no es suficiente manifestar que se supuso la mayoría de edad.
En relación al recurso que interpuso la fiscalía interviniente en contra del monto de la pena impuesta, dijeron, entre otras cosas, que agravar la conducta de los imputados en base a una doble valoración por parte de la fiscalía, de elementos contemplados y considerados por el legislador en la figura penal atenta contra las disposiciones procesales y constitucionales. Agregaron que no puede considerarse como agravante de la pena la ausencia de arrepentimiento del imputado y la eliminación de pruebas de cargo.
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