Política

Sospechas de corrupciónConcejal radical pide a Sáenz que informe sobre toda la obra pública

Sandra Vargas, concejal de la UCR

Mientras Gustavo Sáenz termina sus vacaciones en Miami, la nueva camada de la UCR en el Concejo puso el ojo en las últimas y llamativas licitaciones.

Para salvar el silencio de recinto que impone el receso legislativo, la concejal Sandra Vargas (UCR) se amparó en el Derecho de Acceso a la Información Pública.

 Este lunes, un poquito antes de las 13, le dieron expediente C-82-1501- SG, en la mesa de entradas de la secretaría General, a una nota dirigida al jefe comunal, en la que requiere toda la información sobre licitaciones y adjudicaciones efectuadas en materia de obras públicas desde enero de 2016 hasta la fecha.

La UCR no desconoce que el pedido, acompañado de vasta referencia al Derecho de Acceso a la información, con citas de fallos y jurisprudencia al respecto es muy ambicioso y que su carácter perentorio de 15 días hábiles es para quienes dirigen el Ejecutivo, una formalidad que esperan desde el centenario partido que no tenga, como ocurre habitualmente, cientos de justificaciones y  ninguna consecuencia.

Es una pena, que en el escrito de la concejal, no se cite una Ordenanza sancionada en junio de 2010, cuya elaboración y tratamiento tuvo por entonces ribetes de escándalo.

Se trata de la Ordenanza 13930 que regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado por parte de los ciudadanos, y las excepciones a la publicidad de la información.

Pero no por ello hay que dejar de valorar y evaluar el peso político del planteo de la concejal de la UCR Sandra Vargas.

Está motivado en el ímpetu natural que conlleva la carga de la nueva responsabilidad representativa y de control desde el rol de la oposición.

Pero la motivación de fondo es que, detrás de recientes y voluminosas licitaciones públicas se avizora  el principio de un alboroto político que puede derivar en un escándalo, cuya dimensión y expansión está solo en manos del Intendente.

La concejal Vargas, se hizo eco de las noticias de la última semana sobre licitaciones públicas, expuestas por cadena365.com (https://www.cadena365.com/index.php/llamativas-licitaciones-millonarias-oferentes-únicos-y-silencio-total-en-la-municipalidad-de-salta/) y decidió entonces solicitar datos más concretos.

La presentación de la Concejal Vargas pidiendo se informe sobre la obra pública

La concejal radical pidió se informe la nómina de licitaciones de obras públicas desde enero de 2016 hasta la actualidad con el siguiente detalle:

  1. a) tipo de obras previstas
  2. b) plazo de duración de las mismas
  3. c) monto que representan.

En otro apartado requiere un detalle de empresas adjudicadas, obras, montos y plazos. Detalles de pago con fechas, monto de cada una y origen de los fondos destinados a los pagos. Detalle de la fecha de recepción y monto de los aportes efectuados por el Gobierno nacional para obras, discriminando los ejercicios 2016 y 2017, con el estado de avance o concreción de las obras.

En los párrafos subsiguientes, la concejal Vargas advierte que el pedido de información se encuadra dentro del derecho a buscar y recibir información en poder del Estado, y encuentra fundamento legal en la Ley 27275, de Acceso a la Información Pública de reciente sanción.

 Aplica también el decreto provincial 1572/02 que regula ese derecho.

 “No obstante los decretos mencionados, la universalidad de este derecho ha sido reconocida por diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos que nuestro país ha suscripto”, expresa el escrito.

Cita después casos con fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la vigencia de ese derecho, alude a casos internacionales y sostiene que  “en virtud de los principios republicanos de transparencia y  publicidad de los actos de gobierno resulta imperioso acceder a la información solicitada a los fines de poder ejercer de manera acabada el contralor de los actos de gobierno, de los recursos estatales y de las políticas públicas en el ámbito de la ciudad de Salta”.

 

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