El Intendente K del Frente de Todos, Jorge Enrique Prado, se encuentra imputado por fraude en perjuicio de la administración pública y robo, entre otros cargos.
La media sanción fue otorgada por 54 votos a favor y uno en contra. Solo Claudio del Plá del PO se opuso a la intervención. La mdia sanción pasó en revisión al Senado.
La Cámara de Diputados dio este martes por la noche el primer paso para intervenir el Ejecutivo municipal de Aguaray, cuyo intendente, el kirchnerista Jorge Enrique Prado, se encuentra imputado por fraude en perjuicio de la administración pública y robo, y por generar situaciones que ponen en riesgo la paz social.
La medida, que ahora deberá aprobar el Senado y convalidar el Ejecutivo, fue dispuesta en función de lo que dispone el inciso 2 del artículo 179 de la Constitución provincial: para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional.
Prado llegó al cargo por el Frente de Todos y se encuentra imputado desde mayo pasado en el millonario robo de caños del Gasoducto NEA, que investiga la Justicia federal.
Diversas acciones de Prado, citadas durante el debate, fueron señaladas como generadoras de caos, de cortes de ruta y de poner en riesgo la paz social en el municipio.
Para llegar a la decisión de este martes, las comisiones de Asuntos Municipales, de Hacienda y Presupuesto y de Legislación General emitieron dictámenes favorables para que el proyecto sea tratado.
Desde el oficialismo, la diputada Socorro Villamayor remarcó que «el robo del siglo» no solo fue un hecho doloroso para Aguaray, lo fue para la provincia de Salta, en alusión a la sustracción de 35 kilómetros de caños del GNEA destinados a una obra para la gente.
Tras subrayar que Prado llegó con el Frente de Todos, cuestionó que se haya separado la cámara en «buenos y malos», y rechazó que «se encubría por orden del gobernador y que el oficialismo trababa el tratamiento».
El único voto en contra de la intervención, fue el del representante del Partido Obrero, Claudio Del Plá, quien argumentó que a lo largo de la historia los interventores no resolvieron ningún problema. “No es cierto que los interventores vengan a poner un remedio al problema de la corruptela”, finalizó.
Por último, insistió en que el pueblo debería tener el derecho de revocatoria para cambiar a los dirigentes si no cumplen con lo prometido. «El que votó, debe tener derecho a destituir», finalizó.
No obstante, el diputado radical Héctor Chibán no dudó en cuestionar la demora en tratar el proyecto y responder que «fue el oficialismo el que bloqueó todo este tiempo» el tratamiento de la ley de intervención.
A su turno, Socorro Villamayor, del bloque «Salta Tiene Futuro», desmintió que el oficialismo haya trabado el tratamiento de la intervención. “Cuando uno quiere actuar con responsabilidad tiene que medir los tiempos, deben merituar los momentos, se debe respetar la Constitución, primero era necesario que se expidiese el Concejo Deliberante, esta Cámara fue prudente”, expresó.
Villamayor indicó que más allá de los hechos ampliamente conocidos, Prado “entró en una suerte de mala costumbre” y continúo llevando adelante una serie de inconductas que de manera sucesiva ponían en vilo a toda una ciudadanía, entre ellas, la contratación de asesores legales con dinero del municipio.
También el diputado Carlos Zapata, de Ahora Patria, hizo notar que el proyecto se presentó en marzo y que en varias oportunidades se solicitó su tratamiento sobre tablas o se incluyó en el acta de labor parlamentaria. El legislador se mostró a favor de intervenir la comuna, subrayó que «los corruptos tienen que estar presos, sea quien sea y sea del partido que sea», y destacó el efecto de la investigación periodística.
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