El fiscal Ricardo Toranzos apeló la incompetencia parcial del caso asegurando que se trata de una defraudación a la administración pública no es otro que la factura falsa.
La detención de Matías Huergo, ex gerente de Lusal y socio titular de las empresas Arcadio Obras Eléctricas y SECS.A develó un entramado de defraudación a la administración pública por medio de la presentación de facturas truchas que devinieron en la realización de falsas declaraciones juradas, desencadenando un escándalo provincial y municipal. Ante ello se solicitó la incompetencia de la justicia Federal, a cargo de la causa, medida que fue apelada por el fiscal Ricardo Toranzos, según publicó Informatesalta.
La investigación nació desde las oficinas de Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) donde se detectaron distintas maniobras efectuadas por los investigados en autos relacionados a la Municipalidad de Salta; la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima” (Co. S.A. y Sa) y la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia de Salta.
Si bien los delitos penales de fraude a la administración pública; negociaciones incompatibles con la función pública; cohecho, y violación de los deberes de funcionario público existen, el fiscal considera que están investigando una organización delictiva que con carácter estable que se conformó para la comisión de ilícitos fiscales, en donde utilizaron facturas apócrifas, las que motivaron presentaciones de declaraciones juradas falsas.
Toranzos además explicó la importancia de que un mismo juez pueda intervenir en forma global en el hecho, ya que si se dividen se podría en riesgo el caso porque podría concluir en disposiciones contrarias sobre la misma acción.
Del caso sostuvo que el ardid de la defraudación a la administración pública no es otro que la factura falsa o la simulación societaria para así ocultar a los verdaderos beneficiarios económicos. La entidad ilegal conformada por los imputados en la causa no era otro que, por medio de artilugios jurídicos y contables, obtener un beneficio económicos en perjuicio de las arcas estatales nacionales, provinciales y municipales.
Por eso considera que deben ser investigado por el mismo juez los delitos que han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas, o “aunque lo fueren en distinto tiempo o lugar, cuando hubiere mediado acuerdo entre ellas”.
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