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Castillo, a los tiros: cómo fue la caída del capo de La Salada en su mansión de Luján

Jorge Castillo intentó repeler la irrupción de un comando especial de la Bonaerense. Hirió en un ojo a un policía. Gran parte de su familia quedó detenida

Cuando el equipo especial del Grupo Apoyo Departamental (GAD) de la Bonaerense entró al barrio privado donde vivía Jorge Castillo, el dueño (o «rey», como lo llaman) de La Salada, que dormía en su habitación, respondió como Tony Montana en la última escena de Scarface: a los tiros.

La entrada a la mansión de Castillo, ubicada en Open Door, en Luján, fue la más importante de los 55 allanamientos que activó la Justicia durante la madrugada del miércoles y la única que tuvo una secuencia de película. Castillo escuchó desde la planta alta el ingreso de los policías, agarró su escopeta y respondió con balas. Uno de los proyectiles dio en un escudo policial, lo hizo estallar y una de las esquirlas dio en un ojo de Carlos Javier Gómez, uno de los agentes del GAD 25 de Mayo, quien estaba siendo operado en un quirófano, en principio, fuera de peligro.

 
 

 

Por esa razón, además de la acusación por asociación ilícita, el dueño de la feria Punta Mogote quedó acusado por «homicidio en grado de tentativa agravado por la condición de policía de la víctima» y, respecto de la investigación, por «privación ilegal de la libertad», entre otras cosas por la sospecha de tortura (las desnudaban y les pegaban con cinturones) a mecheras que no pagaban el «peaje» para «trabajar» en su territorio.

«A donde entres que estén estos tipos vas a encontrar mugre», sintetizó a Infobae una fuente con mucho conocimiento de los movimientos en La Salada. Lo cierto es que la Policía secuestró 20 armas en los allanamientos e incluso una picana eléctrica. También se llevaron más de 20 computadoras, sistemas de monitoreo por cámaras, documentación y dinero.

 

Entre los 21 detenidos está la «mesa chica» del clan Castillo. Hugo, hermano de Jorge y dueño del paseo de compras «Coty 3»; su hijo Leandro Castillo y Gladys Elcira Arrieta, que figuran a cargo del paseo «Coty»; y Adrián Castillo, propietario de «Coty 4», el otro hijo de Hugo y uno de los «capos» que manejaba, justamente, la «Banda de Adrián», integrada por barrabravas de Boca, River, Los Andes y San Telmo, que se dedicaba a extorsionar a puesteros y vecinos de las calles de la zona de La Salada. El grupo del sobrino de Jorge Castillo era uno de los tres ejércitos que disputaban poder y territorio, junto a «Los Chaqueños» y «Los Cucos».

 

Estas bandas tenían tomada la vía pública y eran los que alquilaban los puestos. También manejaban la seguridad del lugar, con policía paralela, y los «negocios» laterales, como la venta de droga, los «trapitos», el robo de combis marcadas e incluso trata de personas.

También fueron detenidos Daniel Alberto Isasi, Mauro Ariel Leiva, Yohana Del Carmen Acosta, Pablo Sebastián Randone, Raúl Ernesto Ramírez, Rafael Alberto Sambran y Alejandro Andrés Rivero. Entre los apresados hay un policía federal y dos agentes de la Bonaerense.

La esposa de Jorge Castillo, Natalia Luengo, explicó en la radio «La Salada», que todo comenzó pasada la medianoche cuando dormían y escucharon un ruido, «como una explosión», en su casa. La mujer explicó que ellos estaban un cuarto con «puerta de seguridad» y denunció que la Policía no se identificó como tal. Luengo no negó que su marido haya disparado, pero lo justificó. «‘Córranse que disparo’, dijo Jorge, y disparó por la mirila. No sabía (que eran policías), no se defendió a los tiros, no es un animal ni estamos en el lejano oeste», comentó la compañera del detenido.

«Hay connivenencia de cierto sector de la policía y funcionaba una fuerza paralela, pero también esto es parte de la interna que tiene Castillo con el otro capo de La Salada, Quique Antequera, y sus conexiones políticas», explicó una fuente de la investigación a Infobae.

Semanas atrás, este medio publicó la denuncia que Elisa Carrió hizo ante el gobierno de la Provincia por el funcionamiento de La Salada, que calificó como «una orfebrería que proporciona cobertura y garantiza impunidad a ciertos sectores implicados en actividades delictivas». En ese documento, Carrió advirtió que «la conexión política, judicial y policial es, cuanto menos, muy cercana».

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