Luego de un año, el máximo tribunal rechazó un pedido del técnico informático para evitar esa revisión sobre sus equipos.
La Corte Suprema de Justicia rechazó un reclamo de Diego Lagomarsino en el marco de la causa donde se lo procesó como partícipe necesario del homicidio del ex fiscal Alberto Nisman. El ex asistente informático había tratado de evitar que realicen pericias en sus computadoras y teléfonos.
Hace más de un año concluyó una pericia tecnológica sobre 200 equipos informáticos secuestrados en su mayoría de la casa de Lagomarsino, pero también de la vivienda de los policías Luis Muiño y Rubén Benítez acusados como encubridores. Pero los investigadores no podían analizar esa prueba, ya que la defensa había llevado su reclamo -también hace un año- ante la Corte.
Teléfonos celulares, discos externos, pendrives, una playstation, computadoras, son sólo algunos de los elementos que fueron peritados por el área de Ciberdelincuencia de la Gendarmería Nacional. El trabajo demandó 24 meses, y contó con la intervención de peritos de parte. El fiscal Eduardo Taiano les fijó tres días de trabajo por semana, y de cada encuentro durante esos dos años hay un acta labrada que se encuentra entre los miles de fojas del caso.
Esa pericia ingresó a la fiscalía hace un año. Son miles de páginas, cargada de datos. De cada dispositivo, conectado a un programa específico, se hizo una lectura y descarga de todo lo que contenía. Pero es una información que requiere de un entrecruzamiento y análisis minucioso, y hace doce meses que los investigadores no pueden hacer esa tarea.
El juez Ercolini procesó a Diego Lagomarsino como partícipe necesario del crimen y lo señaló por ser el último que vio con vida al ex fiscal y quien le entregó el arma matadora con «pleno conocimiento de lo que ocurriría». Según el procesamiento, brindó “un auxilio o cooperación” sin el cual el delito investigado no se habría podido cometer. Ahora se investigan sus posibles vínculos con los servicios de inteligencia y si él mismo respondía a los mismos.
Durante el último allanamiento realizado a la vivienda del técnico informático, como también de los ex custodios de Nisman, se secuestraron una importante cantidad de equipos que fueron los que se sometieron a peritaje. Cuando la medida concluyó, los abogados de Lagomarsino -Maximiliano Rusconi (también defensor de Julio De Vido) y su socio Gabriel Palmeiro-, sostuvieron que abrir dicha pericia implicaría violar la intimidad de información privada de su defendido.
El juez Ercolini rechazó el reclamo, señalando que la fiscalía tenía plena potestad para avanzar en el tratamiento de esa pericia. La defensa apeló esa resolución, pero la Cámara Federal porteña avaló lo resuelto por el magistrado. Pero los abogados insistieron ante la próxima instancia de reclamo, y recibieron otro revés allí: la Cámara de Casación también le dio la razón a Ercolini y al fiscal Taiano. Aún con la intervención de esos siete jueces de tres instancias, los defensores fueron con el planteo hasta la máxima instancia: la Corte Suprema de Justicia
¿Qué podría proporcionar al caso esa prueba? Según fuentes judiciales, puede aportar imágenes, videos, conversaciones pertinentes a la investigación, entrecruzamientos de llamados telefónicos, documentación que pueda estar guardada en los dispositivos. Nada de eso puede estudiarse, la palabra final la tiene el máximo tribunal.
Los investigadores tampoco descartan que en todos esos dispositivos -que fueron abiertos y peritados con un sistema utilizado internacionalmente para estos trabajos- puedan guardarse pruebas que reviertan la situación de los tres procesados. Por la resistencia de los abogados, parece difícil.
Por otro lado, la fiscalía ya terminó de tomar 500 declaraciones testimoniales a todos los vecinos del complejo de Le Parc. Todas fueron concluyentes en un mismo sentido: El lugar “no era infranqueable”. Había muchos puntos que las cámaras de seguridad no registraban, y cerca de ocho cámaras no se encontraban en funcionamiento aquel enero de 2015. Por otro lado, los propios vecinos expusieron haber sido víctimas de diversos hechos de inseguridad sin que nadie se percate de lo sucedido. “No es un aeropuerto ni la NASA, es un lugar donde podían entrar sin ser vistas las personas”, dijo uno de los vecinos al declarar.
Por delante quedan concluir un conjunto de declaraciones a personal de la empresa de seguridad del lugar, como también la respuesta del exhorto remitido a Israel respecto al testigo que dijo haberse reunido con Nisman para entregarle unos documentos vinculados a Cristina Kirchner.
Aún se realiza una pericia sobre otro conjunto de teléfonos que están vinculados a la AFI, proporcionados por el organismo de inteligencia durante la gestión macrista. Además, la fiscalía aún encuentra “inconsistencias en las explicaciones de Diego Lagomarsino respecto a cómo conoció a Alberto Nisman”. Por ello, Taiano pedirá una serie de declaraciones testimoniales para desentrañar el inicio de ese vínculo que tiene su pata en las fuerzas de seguridad.
El 26 de diciembre de 2017 el juez Ercolini determinó que «existió un plan que se pergeñó para terminar con la vida de Nisman» y señaló que «lo mataron con el arma de Diego Lagomarsino». Sin dejar dudas, escribió: «La muerte del fiscal Nisman no obedeció a un suicidio y habría sido producida por terceras personas y en forma dolosa”. A seis años los autores siguen siendo desconocidos y se investiga si los mismos responden al mundo de los servicios de inteligencia.
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