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Facturas truchasCaso Matías Huergo: usaban a insolventes como testaferros

Matías Huergo Cornejo

Un jubilado con un haber de $7.200 figuraba al frente de SECSA y Arcadio

La constitución de SECSA, una de las constructoras que la organización ilícita utilizó en sus maniobras, se remonta a 1998.

En enero de 2017, según los registros, la firma fue adquirida por Gerardo Romero (un jubilado de 75 años) y Camila Muñoz (una estudiante de 25) por $86.000. En febrero de ese año el nuevo directorio otorgó un poder general amplio de administración y trámites bancarios a favor del abogado Aníbal Anaquín (45) y el contador Álvaro Anaquín (38). Con un solo empleado declarado, solo entre abril y junio SECSA facturó

$8.632.540 al municipio capitalino -su único cliente- por la provisión e instalación de 690 luminarias y 400 farolas coloniales en la zona céntrica de la ciudad de Salta.

Según el sistema e-fisco de la AFIP, en mayo de 2017 responsables de la firma habían adquirido 75.000 dólares en billetes y cheques de viajeros, equivalentes a $1.191.000.

Aníbal Anaquín era el firmante de cuentas bancarias de SECSA en el Banco Macro. Su hermano contador, a la vez, era el firmante de una cuenta de la firma en el banco Santander Río.

Romero, un jubilado que en 2017 percibía un haber de $7.246 y tenía domicilio declarado en una modesta vivienda del barrio Intersindical, también comenzó a figurar como gerente de otras empresas implicadas, como Lusal Obras y Servicios, Arcadio y Obrar SRL.

Con los elementos reunidos en la investigación, el fiscal Toranzos concluyó que la participación de Romero y Muñoz en dichas sociedades resultaba ficticia. La joven estudiante fue sobreseída por el juez Bavio.

La empresa Arcadio fue constituida en diciembre de 2013 a nombre de Romero y de un comerciante del barrio Santa Ana III, Jorge Luis Bonifacio, quien también fue sobreseído. En agosto de 2015 se sumó como nuevo socio Matías Huergo. Desde el 12 de abril de 2017 la constructora Arcadio quedó integrada por Romero (gerente) y Héctor Sebastián Silva.

A comienzos de 2008, a partir de una denuncia anónima, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) advirtió inconsistencias e irregularidades en las facturaciones de Arcadio, SECSA, Lusal Obras y Servicios y Obrar SRL.

La investigación federal estableció que todas estas empresas fueron armadas y manejadas por el contador Matías Huergo.

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