El Juez de Garantías Nº 5 de la ciudad de Salta también advirtió al Procurador General de la Provincia sobre la información que difunde el Ministerio Público Fiscal de Salta.
El Juez de Garantías N° 5, Héctor Martínez, hizo lugar al pedido solicitado por el abogado Pedro Javier Arancibia, al encontrar que la información brindada por el Ministerio Público Fiscal, más precisamente por los fiscales Salinas Odorisio y Torres Rubelt en torno al imputado Nicolás Cajal, viudo de Jimena Salas, excedió lo establecido por el art. 263 del Código Procesal Penal de Salta, el cual ordena: “El Fiscal y el Juez de Garantías podrán informar a la Prensa sólo respecto del hecho del Decreto de citación a audiencia de imputación, sin efectuar apreciaciones sobre la entidad de la participación o culpabilidad de los intervinientes hasta que el Fiscal formule el Requerimiento de Remisión de la Causa a Juicio. Durante toda la investigación podrán formular aclaraciones ante la divulgación de informaciones erróneas o que no se correspondan con los trámites cumplidos.”
También se le llamó la atención, bajo apercibimiento de ley, al Procurador General, Dr. Abel Cornejo por ser el responsable tanto de los fiscales penales como de la información que se publica desde la página web: www.fiscalespenalesalta.gob.ar/. Arancibia expresó su conformidad con la decisión del juez Martínez “de poner freno al atropello que implica realizar apreciaciones anticipadas de culpabilidad, puesto que son ilegales e inconstitucionales”.
“Manipular la información dando noticias falsas e incompletas confunde a la sociedad, genera expectativas irreales y vulnera el constitucional principio de inocencia de cualquier ciudadano. Una acusación excesiva en ésta etapa le provoca injusta e ilegalmente a Nicolás Cajal y a cualquier otro imputado, un reproche social y mediático irreversible. Lamentablemente, la publicación de noticias falsas y malintencionadas es una práctica sistemática de los últimos seis meses por parte del Ministerio Público Fiscal y que debe ser sancionada judicialmente como sucedió recientemente para poner las cosas en su lugar y que ésta práctica no se transforme en costumbre ya que daña las instituciones públicas, las garantías constitucionales y losderechos humanos fundamentales”, dijo el letrado.
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