Lo dijo el Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, acerca del Juez de Dolores que investiga a D’Alessio.
Un juez «impertinente». Así calificó el procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, al magistrado federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga presuntas maniobras de espionaje ilegal en casos judiciales que involucran al falso abogado Marcelo D’Alessio.
A días de que el Gobierno presentara un pedido de juicio político por «mal desempeño» contra el juez, Saravia Frías afirmó que le pareció que su presentación ante el Congreso iba contra la división de poderes. «Veo impropio que haga un juicio público de una causa que él está llevando», afirmó en un almuerzo de empresarios organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.
También sostuvo que el «respeto» por la división de poderes es, precisamente, lo que permitió avances en la causa de «los cuadernos de la coima» que investiga Claudio Bonadio. «Esa causa plantea un problema mayor. No tenemos -como en la crisis de 2001- a quién echarle la culpa. Dejó al descubierto a toda la sociedad argentina. Todos somos responsables».
En su presentación también defendió el decreto de necesidad y urgencia para la extinción de dominio: aunque admitió que es «jurídicamente discutible» enfatizó que es «fundamental». «Hay necesidad y urgencia porque hay un reclamo social que no se puede solapar», sostuvo.
En ese sentido, dijo que se trata de un «proceso civil» por lo que puede ser a partir de un decreto: «Ya estamos trabajando. Vamos a ser activos a nivel local y en el exterior para recuperar esos fondos que fueron robados». A su entender, hay que aplicar el decreto. «El Congreso, con mayoría agravada, tiene las facultades para oponerse y explicar por qué. Pero hay que recuperar el dinero mal habido».
Saravia Frías comanda un equipo de 5000 abogados que gestionan los 2,2 millones de juicios en su contra que tiene el Estado argentino. Indicó que los «con mayor contingencia» son los procesos que se llevan adelante en el exterior, como el de YPF y varios arbitrales de reclamos de inversores. La previsión por esas causas suma US$37.000 millones.
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