El ex vicepresidente fue encontrado culpable los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Lo inhabilitó de por vida para el ejercicio de cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 4 condenó este martes a 5 años y 10 meses de prisión a Amado Boudou al encontrarlo culpable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa por la venta de la calcográfica ex Ciccone. Los jueces ordenaron la inmediata detención del ex vicepresidente.
Sin retirar su mirada del Tribunal, con las manos entrelazadas, Amado Boudou escuchó la condena en su contra, que también incluyó una multa de $ 90 mil y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. A su lado se encontraba el abogado Alejandro Rúa, quien después de escuchar la sentencia sólo le pronunció unas palabras al oído.
El ex vicepresidente sólo se sirvió un vaso de agua y continuó escuchando la condena contra su amigo, José María Núñez Carmona, a quien le dieron una prisión de 5 años y 6 meses de prisión y también ordenaron su inmediata detención. Ambos ya habían estado en el Penal de Ezeiza durante 70 días acusados de enriquecimiento ilícito, y fue la Cámara Federal porteña la que posteriormente ordenó excarcelarlos.
En la Sala AMIA se escuchó las sentencia después de las palabras finales de todos los acusados. Nicolás Ciccone, ex dueño de la compañía, escuchó su condena en uno de los escritorios finales del lugar donde se desarrolló gran parte del juicio: a él le correspondió 4 años y 6 meses y prisión domiciliaria.
La lectura de la sentencia la realizó el juez Pablo Bertuzzi, presidente del TOF, a quien Boudou buscó recusar sin éxito, y que antes de la rechazó un nuevo planteo de la defensa.
En el expediente que instruyó el juez federal Ariel Lijo, se sostuvo que la ex Ciccone pasó a manos de Núñez Carmona a través de Alejandro Vandenbroele, nombrado en el fondo de inversión. Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) y César Guido Forcieri (ex integrante del ministerio de Economía)- también fueron parte de la operación que permitió que la ex Ciccone, única empresa con capacidad para imprimir billetes, quedara en manos del entorno del ex vicepresidente.
El objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. No sólo imprimió las boletas electorales en 2011, sino que en abril del 2012, el Gobierno de Cristina contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de $ 140 millones.
Durante el juicio se escucharon más de 80 testigos y las indagatorias de los principales acusados que pidieron en la instancia de los alegatos, su absolución y en el caso de Boudou, solicitó que en caso de que se avance hacia su condena, no se haga lugar al pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) que en su rol de querellante, requirió la pena máxima, seis años, con prisión efectiva al momento de la lectura del veredicto.
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