Pocos gobiernos pueden escapar a la obsesión de controlar todo lo que se diga, se informe y se sepa públicamente sobre una determinada gestión.
Tras la confirmación de la noticia y conocerse un memorándum, el sitio Carta Urbana publicó «En esa obstinación y en la contraria de periodistas y medios de comunicación por conocer un poco más allá de lo que se dice oficialmente, descansa la histórica tensión entre el poder político, a veces el económico y los medios de prensa, con todos los matices posibles, algunos muy extremos como ya los ha vivido nuestro país».
En un detalló informe, el periodista Gerardo Rebak sostiene «En nuestro pago chico, en la dimensión que corresponde a la gestión municipal y al entramado de sus decisiones, se conoció el memorándum interno 182/20, con fecha lunes 3 de agosto destinado a los oficiales de servicio y jefes de guardia de la secretaría de Movilidad Ciudadana, donde se expresa textualmente que: “ por orden de la superioridad, a partir de la fecha ESTÁ PROHIBIDO DAR INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIONES (toda información estaría canalizada a través de la secretaría de prensa de la municipalidad de la ciudad de salta)”.
El siguiente es el texto con que Carta Urbana denuncia un claro intento de censura en la Municipalidad de Salta:
A los fines de este caso no interesa quién firma el memorándum, ni a quien está dirigido, sino el esquema a partir del cual, se decide prohibir.
La búsqueda de información por parte de periodista y medios, no siempre coincide con la agenda que prioriza la gestión política, muchos menos con la oportunidad y menos aún con la demanda de oyentes o televidentes, tan vigorosa en estos tiempos.
Cada medio, cada periodista tiene una valoración distinta y requerimientos diferentes que por la dinámica de la información necesitan satisfacción en un tiempo razonable, aspecto que se resuelve mediante el acceso a la fuente, en forma directa, sin tanta mediación de autorizaciones, pedidos y gestiones.
Ese contacto tiene generalmente variantes de rispidez, incomodidad, molestia, propios de alguna posición disímil.
Requiere del periodista o medio, un trato respetuoso y fidedigno al momento de interpretar o valorar una respuesta, pero antes que eso se le debe facilitar el acceso.
Es real que los funcionarios no están todos los días, todo el día, disponibles para los medios. Pues propóngase una agenda de frecuencia con periodistas y medios, por lo menos con la línea de funcionarios más relevante y se verá que no es necesario prohibir nada.
Este medio digital modesto, pero siempre respetuoso de sus fuentes, ha requerido hace exactamente una semana, dialogar con el o los responsables de la subsecretaría de Movilidad Urbana, para conocer, más allá de la información oficial que se ha facilitado, detalles y aspectos que esa información no contempla o no cree relevantes. Se ha informado con cortesía, que el pedido de entrevista fue tramitado. También hay que decir que funcionarios de idéntico nivel con otra tarea, accedieron sin inconvenientes, pero en el caso de Movilidad Urbana, hasta hoy ninguna respuesta.
Sobreabundan las recomendaciones, sobre todo a nivel internacional, muchas de ellas suscriptas por nuestro país, como la Declaración de Chapultepec (*) en la que se consigna claramente que los tres niveles del estado están obligados a proporcionar información.
¿No es acaso más sencillo que prohibir, regular o administrar, poner la información a disposición de los medios y periodistas? Pero debe hacerse en forma oportuna, no una semana después o cuando “la autoridad” quiera.
Siempre que hay una prohibición, aparece una resistencia y formas de resistir las prohibiciones. En este caso , enviando a los medios de comunicación la información que se pretende ocultar, regular o manejar.
Me permito finalmente una humilde sugerencia; no tiene caso perseguir o buscar a quién sancionar o indagar por filtrar en este medio, la información de las multas digitales, antes que el anuncio oficial. Tampoco es tan grave y en todo caso, salvo detalles, la fuente es fidedigna.
(*) Declaración de Chapultepec, adoptada el 11 de marzo de 1994, por la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión, celebrada en México, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)- Principio Tercero: “Las autoridades deben estar legalmente obligadas, a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.
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