El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, advirtió que las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son «obligatorias».
Es una definición clave y un aval para que la salida de Milagro Sala de la cárcel de Alto Comedero, en Jujuy, sea una posibilidad más cercana. Ocurre tras la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó el pasado viernes «medidas alternativas a la detención preventiva» tales como la domiciliaria o bien que «pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica».
Milagro Sala, aliada de Cristina y Alicia Kirchner, está acusada de malversar decenas de millones de pesos destinados a la construcción de viviendas para la población más necesitada de Jujuy.
Est domingo por la noche, el gobernador jujeño Gerardo Morales, a través de su cuenta de Twitter, dio una señal significativa: «No comparto que la @CIDH otorgue el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos aunque sus cautelares son obligatorias #MilagroSala». Se trata de una definición a pocas horas de que la Justicia de la provincia sea notificada de manera formal este lunes la recomendación de la Comisión Interamericana.
El viernes, el ejecutivo provincial, en un comunicado oficial, había publicado: “El Gobierno reafirma su compromiso de garantizar la vida y la integridad personal de la señora Sala situación que, no solo fue constatada por los miembros de la CIDH sino también por la propia Corte Suprema de la Nación y el Grupo de Trabajo de la ONU”. Es un giro político que podría acelerar la salida de la cárcel.
Por su parte, Paola Álvarez Carreras, una de las abogadas de Milagro Sala, había dicho a Télam: «El Estado argentino tiene quince días para dar cumplimiento a lo que dice la resolución que, entre sus considerandos, habla sobre la detención arbitraria de Milagro Sala como lo había manifestado anteriormente la ONU», El pedido de la CIDH fue realizado en la necesidad de “garantizar la vida e integridad personal” de la líder de la Tupac Amaru, detenida desde enero de 2016 por múltiples causas.
«La Comisión tomó en cuenta que existen una serie de particularidades que rodean la privación de la libertad de la señora Milagro Sala e identificó múltiples factores de riesgo que incluyen presuntos hostigamientos, una amenaza de muerte y agresiones en su contra», señaló la CIDH.
Tras la cautelar, la decisión quedó en manos de la Justicia jujeña, que recibió la noticia en los últimos tramos de la feria judicial.
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, y luego de la resolución, había expresado el “respeto al sistema interamericano de derechos humanos”, y aseguró que iba a comunicar la solicitud a las autoridades judiciales de Jujuy “para su conocimiento e intervención”.
La CIDH se había sumado al reclamo de la ONU en diciembre de 2016. En ese contexto, el Gobierno Nacional invitó al cuerpo al país. Finalmente, la Comisión sesionó en mayo en Argentina y, un mes después, una comitiva viajó a Jujuy para visitar a Sala y entrevistarla.
La líder de la Tupac tiene prisión preventiva por tres causas, en manos de dos jueces.
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