El oficialismo le dio media sanción al polémico proyecto con 133 votos a favor, 115 negativos y dos abstenciones. El próximo paso es que lo trate el Senado.
En una sesión caliente y con el sello de Máximo Kirchner -autor ideológico del proyecto y promotor de su tratamiento-, el oficialismo le dio media sanción este miércoles a la madrugada al Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas, un nuevo impuesto que alcanza a las personas con patrimonios mayores a $ 200 millones, y que recibió fuertes críticas de sectores empresariales y del campo.
Al tratarse de un impuesto, aunque por única vez, el proyecto necesitaba mayoría calificada para aprobarse. Es decir 129 votos afirmativos de los 257 legisladores de la Cámara baja.
La iniciativa recibió 133 votos a favor, 115 negativos y 2 abstenciones de la Izquierda.
El oficialismo contó con el apoyo casi íntegro de los dos interbloques federales (con excepción de la lavagnista Graciela Camaño). Juntos por el Cambio lo rechazó, aunque dos diputados jujeños que responden al gobernador radical Gerardo Morales decidieron acompañar al oficialismo.
«No se trata solo de la pandemia sino también del país que recibimos», defendió el proyecto Máximo Kirchner -quien cerró el debate en forma virtual- y apuntó contra el ex presidente, Mauricio Macri.
«Lo que desalienta la inversión no es este proyecto, son los malos gobiernos», aseguró en respuesta a las críticas de la oposición.
Pasadas las 23, Máximo Kirchner dejó el recinto para aislarse de manera preventiva porque le comunicaron que había dado positivo de coronavirus «un contacto estrecho», confirmó él mismo en su discurso.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, consideró por su parte que la iniciativa «es ineficaz por más que tenga un nombre bonito y sea épico”.
Y marcó una dicotomía dentro de la coalición oficialista: “Al pobre ministro (de Economía (Martín Guzmán) lo han mandado a que se vista de paladín de ajuste y acá están los Robin Hood”.
A su vez, criticó al proyecto. “Acá no perseguimos fortunas ociosas multimillonarias, de acá la mayoría son laburantes. Con la devaluación de nuestra moneda, ¿qué es multimillonario, el que tiene una Pyme?, ¿el que tiene cinco centros mecanizados, que salen un millón de dólares cada uno? ¿Y si tiene un tambo con 100 bacas, un galpón, una camioneta y un tractor? Y después le vamos a ir a buscar las retenciones también”, agregó.
Para enterrar especulaciones sobre ruidos internos y ratificar su apoyo, el gobierno de Alberto Fernández envió entrada la noche al Congreso a los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Producción, Matías Kulfas y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quienes ingresaron al recinto y se sacaron una foto junto a Máximo y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, en la puerta de su despacho. También participó de la postal la titular de ANSeS, la camporista Luana Volnovich, e intendentes de la Provincia.
El proyecto, que se anunció apenas empezó la pandemia, tardó meses en ser presentado, pero finalmente el mes pasado tuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto. Sin fecha de tratamiento a la vista, y con denuncias de sectores del kirchnerismo -que advirtieron presiones dentro del propio oficialismo para frenarlo, y apuntaban entre ellos a Massa y Guzmán-, el jefe del Frente de Todos, Máximo Kirchner, marcó la cancha y pidió una sesión especial para su tratamiento.
La elección de la fecha de sesión no fue al azar: 17 de noviembre, cuando el peronismo celebra el Día del Militante. Por eso una manifestación de respaldo acompañó el debate desde la puerta del Congreso. En lo discursivo, el impuesto se defendió como un «acto de Justicia y solidaridad» para enfrentar la pandemia.
El debate se desarrolló en la primera parte presidido por el legislador del PRO Alvaro González, pero entrada la tarde Massa dejó su aislamiento tras un test de coronavirus que dio negativo y se presentó en el Congreso para ya de noche ponerse al frente de una sesión clave para el kirchnerismo.
El presidente de Comisión de Presupuesto de Diputados, Carlos Heller, fue el redactor del proyecto y el encargado de defenderlo en el recinto.
«No está pensado contra personas determinadas, no es una confrontación. Al contrario, por eso le incluimos el sentido de solidario y extraordinario. Y es por único vez”, destacó.
En esa línea aseguró que lo pagarán “menos de 10 mil personas, lo que equivale al 0,8% de los contribuyentes y 0,02% de la población argentina”. “Es una falacia que afecte a las Pymes y a la producción”, agregó y especificó que 252 personas de esas 10 mil afectadas «aportarían el 50% del total». El oficialismo prevé recaudar $ 307 mil millones.
En Juntos por el Cambio -que se habían manifestado en contra desde un inicio- señalaron que afecta el principio de «no confiscatoriedad» y el de «razonabilidad en la tributación».
“Opera como doble imposición del impuesto de Bienes Personales. Es confiscatorio porque para los casos de personas con bienes en el exterior la alícuota llega hasta el 7,5% de activos. Va a gatillar una avalancha de juicios”, afirmó Luciano Laspina (PRO).
“Es un muy mal impuesto, mal diseñado desde el punto de vista de la técnica tributaria y solamente va a lograr expulsar inversiones del país, esas que tantos necesitamos los argentinos», agregó el radical Luis Pastori.
El ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri, se quejó porque aseguró que el proyecto «asimila un yate o una Ferrari con un tractor», mientras que Jorge Enríquez, del PRO, apuntó contra «el relato» y contra Máximo y Heller: «Es un impuesto impulsado por un rico heredero y un banquero sensible», sentenció.
Marcelo Cassaretto, del FdT, contraatacó: “No es lo que hizo (Mauricio) Macri al inicio, que fue bajarle el impuesto a los Bienes Personales, bajar el impuesto a las Ganancias, bajar retenciones a los sectores más poderosos de la sociedad. Esa no es la única manera de gobernar, nosotros tenemos otros valores, otros principios, otros conceptos”.
El interbloque Federal que conduce Eduardo «Bali» Bucca acompañó en conjunto, salvo Graciela Camaño. El interbloque Unidad y Equidad Federal del mendocino José Luis Ramón también. La izquierda, por su parte, se abstuvo, porque tiene un proyecto más ambicioso sobre el tema y denunció un ajuste.
Los fondos recaudados tienen afectaciones especificadas: un 20 % se utilizará para gastos de medicamentos y vacunas; otro 20% para brindar créditos y ayuda a las Pymes; un 20 % para el Programa de becas Progresar; un 15 % para el fondo para urbanizar barrios populares y otro 25% para hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar GAS Natural.
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