Lo adelantó el fiscal federal Eduardo Villalba. Aclaró que el primer plazo de la investigación vence a fines de mes, pero se pedirán nuevas medidas.
A principios de año, tras una nota periodística de medios del interior provincial se conoció que el intendente de Aguaray, Enrique Prado, había vendido caños pertenecientes a la obra del gasoducto NEA, cuya ejecución estaba en manos del gobierno nacional.
Ante este panorama, la fiscalía federal intervino, logrando hasta el momento secuestrar 300 caños que fueron vendido por el jefe comunal a empresarios de Quilmes. Tanto Prado como el titular de la empresa que compró estos caños, están imputados en la causa.
El fiscal federal Eduardo Villalba, adelantó al programa 53G que conduce Martín Grande, que “antes de fin de año” se podría elevar la causa a juicio. Explicó que el plazo de investigación se vence a fines de agosto, pero pedirán nuevas medidas y antes que finalice el 2020 realizarán la acusación correspondiente contra los involucrados.
Destacó que “la responsabilidad del intendente es clara, dado que los caños son bienes del estado inajenables” y agregó que los empresarios de Quilmes, indicaron que compraron los caños “de buena fe” lo cual desacredita puesto que estos son identificables teniendo incluso limadas las series.
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