A pedido de la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Salinas Odorisio, el juez de Garantías interviniente también autorizó el allanamiento de 5 domicilios.
En esos domicilios fueron detenidos 4 funcionarios del organismo y un permisionario de estacionamiento medido.
Los cinco serán imputados por la posible comisión de los delitos de fraude a la administración pública, exacciones ilegales agravadas y asociación ilícita.
Las investigaciones encabezadas por el personal de la Unidad de Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones y Criminología del CIF, revelaron la complicidad de los 5, quienes habrían captado a ciudadanos para la venta de actas de matrimonio, de nacimiento y defunción.
También habrían comercializado trámites oficiales y exentos de pagos a comercios aledaños.
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