Por Carlos Pagni
La Argentina está en una crisis económica extrañísima, cuyo fondo todavía no vemos. Que genera muchísima incertidumbre y angustia, no solamente por la profundidad del fenómeno, sino, además, por su velocidad para generar procesos recesivos de destrucción de empleo, de creación de pobreza y marginalidad, que habitualmente ocurren en cámara lenta. Estos dramas se han acelerado en el mundo, no solamente en la Argentina. Pero la Argentina tiene condiciones agravadas. Esta crisis viene inscripta en otra, originada en 2018, que, a su vez, se monta sobre un largo estancamiento de prácticamente una década. A este contexto complicado y doloroso, se le suma un problema de incertidumbre política. Y este es un conflicto que agrega el oficialismo.
Es una cuestión que normalmente daña a cualquier fuerza política, pero en el peronismo tiene un énfasis y una gravedad especial. El peronista, cuando rompe el huevo, desde que nace, se pregunta: ¿dónde está el jefe? Esa es la pregunta vital de un movimiento político que fue creado por un coronel desde el Estado, en el marco de un golpe militar. Esa es la tradición de una fuerza política que necesita identificar muy claramente dónde está la jefatura, quién tiene el poder. Hoy esa jefatura es una incógnita y está en debate.
Todo un sector de la vida pública argentina supuso que Alberto Fernández iba a armar su propio esquema de poder. Sin ir contra Cristina Kirchner, pero acompañado de alianzas con la dirigencia de las provincias o los sindicatos privados y con algún sector del empresariado. Se esperaba también buena comunicación con sectores de la prensa. Todo eso iba a dotar a Fernández de un margen de autonomía que le daría un capacidad de maniobra para ejercer el poder y para ordenar su gestión en una dirección.
Fernández está mucho menos aislado del sistema político de lo que se supone. Más allá del almuerzo que tuvo con Martín Lousteau y Enrique Nosiglia, que organizó Eduardo Valdés o de las conversaciones con el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, hay otros vínculos con la oposición menos conocidos, pero todos terminan dando el mismo balance al final. Y básicamente se resumen en que es posible que él íntimamente tenga la percepción de que hay una necesidad de tener más autoridad como presidente, pero nadie ve en el Presidente demasiada vocación por generar el instrumental, es decir, el diseño de poder que le permita el ejercicio de la autoridad.
Esto a mí me resulta muy verosímil porque cuando Fernández llegó al poder, alguien que no está en la primera línea de elenco oficial, que en realidad desempeña un cargo en un municipio del conurbano bonaerense, pero que conoce muy bien al Presidente me dijo: «Olvidate, él llegó al lugar adonde quería estar: al lado de Cristina y ahí está feliz»
Del otro lado también está la idea de que manda Cristina, y es una idea muy verosímil también. Cristina tiene el poder dentro de esta fuerza política, entre otras cosas porque tiene los votos del conurbano bonaerense que es desde donde se ejerce el poder en el peronismo. Ahora, ¿eso implica que la exmandataria tiene un programa que le va a imponer a Fernández y que, entonces, todo estará claro? Tampoco.
Cristina Kirchner tiene una orientación general de dónde quiere estar parada y hacia adónde quiere ir, pero lo más claro que tiene la vicepresidenta es un inventario de conflictos. Eso es lo que define la política para ella y es lo que le impone a Fernández: peleas en vez de un programa. O vetos a determinadas alianzas o entendimientos con un sector importantísimo de la oposición, eminentemente con PRO. Antes era básicamente con Macri y ahora se suma en alguna medida Horacio Rodríguez Larreta y la prensa crítica y un sector importante de la Justicia, el empresariado, y los sindicatos que no son del Estado.
Se trata de un corralito de conflictos en el cual Cristina encierra al Presidente. Pero eso no significa que haya un programa o una estrategia cotidiana de salida de la crisis. No hay un plan en el Instituto Patria, sino una orientación general y, sobre todo, un listado de vetos.
Esto genera un problema permanente de orientación respecto de donde va el país, pero además está generando tensiones dentro del propio oficialismo, frente a determinados asuntos y emergencias que plantea la crisis. Uno de ellos, en tapa de todos los diarios, es la toma de tierras.
¿Dónde está la raíz de este problema? Son muchos los factores. Por un lado hay un déficit habitacional eterno en la Argentina. Ya en el ’47, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, el secretario de tierras Guillermo Borda, quien después va a ser ministro de Juan Carlos Onganía, ya anunciaba que el Gran Buenos Aires iba a un colapso por el problema de viviendas y prometió resolverlo. Había una falta de tierras y un problema de precio de la tierra, sobre todo por la concentración de gente en el conurbano y los problemas de transporte para ir más allá del conglomerado que ya estaba formado.
Hay además una ley muy ambigua, que prevé que no haya desalojos. Se supone que prohíbe los desalojos ahí donde hay un contrato que no se cumple. Pero esa ley es interpretada de manera muy ambigua por la Justicia. Deja la impresión de que permite las usurpaciones, y que no va a haber desalojo cuando alguien se introduce en una propiedad privada que no le fue cedida por vía de un contrato. Esta ley vence, y mucha gente se apresura a tomar tierras porque entiende que no va a ser desalojada.
Existe también un efecto secreto de la pandemia que le ha hecho sentir a muchísimos argentinos que viven en villas que el hacinamiento trae, probablemente, la muerte. Entonces buscan más espacio. Intentan montar una casa en tierras baldías. No importa de quiénes son. Detrás de esto, hay un negocio de las tomas, que tiene décadas. Ya en los ’90 había gente ligada al poder político que tomaba tierras, las repartía a cambio de un dinero y hacía negocios ofreciendo servicios. Esas tomas se convalidaban después en la Legislatura bonaerense y se les cedían a los que las habían ocupado. Como si se construyeran barrios privados, pero usurpando la tierra y revendiéndola. La diferencia es que las tomas en los ’90 se hacían sobre terrenos fiscales y no sobre tierras privadas. Estas tomas vienen rodeadas de una sensación de impunidad por quienes las realizan. La noción de delito, en el movimiento colectivo, se borra un poco.
Después están los vivos detrás del negocio. Hay innumerables sociedades de fomento, muchas de ellas ligadas a los narcos. Los transas, los dealers se han convertido en dueños de zonas sumergidas del conurbano y también están organizando estas intrusiones. ¿Hay movimientos sociales detrás? Daría la impresión de que mucho menos que narcos. Aunque muchas organizaciones sociales se hacen cargo de la autoría para recibir los recursos que permitirían, hipotéticamente, que se frene este proceso.
Las autoridades miran el problema azoradas, sin entender muy bien de qué se trata. Porque hay una realidad del conurbano a la que desde hace mucho no llega la política. Es una zona donde el puntero encuentra un límite y empieza otro tipo: el encargado de la venta de drogas. Como es una película en cámara lenta, no tenemos noción de lo que está pasando. Salvo cuando aparecen hechos de esta naturaleza, que le dan un tono operístico a lo que está sucediendo, más bien en secreto y en silencio, con el paso del tiempo, y el empobrecimiento del país.
Es una tensión y una guerra de pobres contra pobres. Me ha tocado en algunos barrios muy sumergidos del conurbano escuchar a gente que alquila un cuarto de cuatro por cuatro para vivir con su mujer y sus hijos, con un baño que desborda. Por seis mil o siete mil pesos mensuales, que le pagan a otro pobre que les había prometido que el baño no se iba a desbordar. Viven en condiciones infrahumanas, amenazados por el desalojo de ese otro pobre que le renta esa piecita. Este panorama se vive en 1000 villas de emergencia que rodean a la ciudad de Buenos Aires.
Un intendente me decía el otro día que ellos no quieren tomas porque después deben pagar todo. Hay que pagar el engranzado de las calles, llevar el agua y el gas, y todo eso sale de los bolsillos de los contribuyentes. Quiere decir que no solamente es un avance sobre la propiedad privada, sino sobre el presupuesto público, que después termina haciéndose cargo de todo. Algunos intendentes que no quieren tomas, aprovechan la noche y no mandan a la Policía, sino a barrabravas a sacar a los golpes a los que ocuparon. Esto es habitual en el conurbano bonaerense desde hace 30 años y con más frecuencia desde hace 20 años.
¿Qué ve la sociedad? Una polémica entre funcionarios tratando de definir si usurpar un terreno que tiene un propietario es o no un delito. Para la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que es auxiliar de la Justicia para que se cumpla la ley, no sería delito. Mientras Frederic dice que se trata de un problema social, Sergio Berni dice que es un delito y que están los movimientos sociales detrás de estas usurpaciones, que se deben desmontar con la policía. Detrás, sale el «Chino» Navarro, del Movimiento Evita, a pedir que Berni presente las pruebas ante la Justicia. El Movimiento Evita forma parte del Gobierno. Navarro tiene un despacho en la Casa Rosada. Ocupan lugares importantísimos del Ministerio de Acción Social y del Ministerio de Hábitat y Vivienda. Es una pelea entre funcionarios del Gobierno que están discutiendo el Código Penal. ¿Dónde están el jefe?
Hoy nos enteramos de que en el sur, Luis Pilquiman, vicepresidente del Instituto Nacional del Indígena, fue detenido con una camioneta del estado nacional y sin seguro, cuando estaba llevando familias a la toma de Villa Mascardi, en Río Negro.
La semana pasada, se reunieron quince intendentes y le plantearon el problema al gobernador Axel Kicillof. Aunque ninguno sabe muy bien de qué se trata, todos acusaron a los movimientos sociales, estén o no vinculados con esto. Hay un conflicto dentro del oficialismo para ver quién representa a la pobreza, quién es el titular del clientelismo. Y ese conflicto está dentro de los ministerios que tienen que ver con estas cuestiones. Y enfrenta a intendentes kirchneristas con movimientos sociales kirchneristas. Es un conflicto dentro del kirchnerismo.
La cuenta de Twitter de Cristina Kirchner no dice nada respecto de esto y el presidente Fernández balbuceó el otro día con que sí, que una toma es un delito. «Soy hijo de un juez, profesor de la Facultad de Derecho, sé lo que es el Estado de Derecho». En este contexto, no se puede decir que la policía aproveche, pero casi por casualidad aparecen los reclamos salariales e intentos de acuartelamientos en toda la provincia de Buenos Aires. Como diciendo: «¿Nos necesitan? Antes paguen».
Gran interrogante respecto del cumplimiento de la ley. Si queremos verlo desde otra perspectiva, que puede resultar hasta más irritante para mucha gente, es el mismo incumplimiento de la ley que se acaba de verificar con Lázaro Báez, que no puede entrar a un country. ¿Tiene derecho a entrar o no? Lo echaron los vecinos por su propia mano. No había ningún policía garantizando lo que debe haber sido una orden judicial. Ahora Báez volvió al penal de Ezeiza, donde debe sentirse más seguro.
Este problema es estratégico por muchas razones. Algunas son evidentes, otras no tanto. Una de ellas es lo que ocurre en el conurbano bonaerense. Ocurre en el feudo de Cristina. El kirchnerismo tiene su casa matriz en Santa Cruz, pero su sede central desde el 2003 es el conurbano bonaerense. Ahí están los votos de Cristina Kirchner. Ahí está el trabajo territorial de Máximo Kirchner, que está pensando como su padre, y como aprendió su padre de Eduardo Duhalde: que la Argentina se maneja por prepotencia demográfica. El que controla el conurbano alinea todo el resto. Ahí están los fondos extraordinarios que le acaba de dar el gobierno central a Axel Kicillof, $65.000 millones. Esto es un cambio importante que hubo en la estructura del kirchnerismo, porque a Felipe Solá o a Daniel Scioli, los hacían ir de rodillas a la Casa Rosada cada vez que había que pagar los sueldos para que pidieran lo que les faltaba. Kicillof, que forma parte de la maquinaria oficial, seguramente mucho más que Fernández está referido a Cristina Kirchner, recibe $65.000 millones. Mucho más que cualquier otra provincia. Tal vez los policías también están mirando esa asignación especial para golpear la puerta y decir: «Mucho plan de seguridad pero nuestro dinero no aparece».
Todo este problema, que tiene que ver con el orden, con la noción de legalidad, con la división entre lo público y lo privado, se inscribe en un orden mucho más general que es la gran incógnita institucional que en la Argentina sigue abierta. En estos días tenemos una colección de problemas, que nos indican un entredicho importantísimo con las instituciones. Se ha armado ahora un jury para remover al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal: siguiendo algunos detalles de procedimiento, el kirchnerismo cambió algunos de los miembros de ese tribunal de enjuiciamiento. Casal podría decir: «Me están poniendo jueces a medida». Y ahora hay un forcejeo para ver si se lo remueve o no. Casal es el jefe de los Fiscales. Aparentemente el kirchnerismo todavía no tiene número para removerlo con ese jury de enjuiciamiento.
Es importante la figura del Procurador. Una razón es técnica: todo el sistema de enjuiciamiento penal federal va a pasar a tener un protagonismo enorme de los fiscales y los jueces van a quedar como una especie de árbitros entre defensores y fiscales, lo que se llama jueces de Garantías. La conducción del proceso penal de la acusación, la investigación y todo eso va a estar en manos de los fiscales. Quien sea el Jefe de los Fiscales será crucial sobre todo para la política, cuyos casos de corrupción se enjuician en el sistema penal federal. El conductor, el titular del Ministerio Público, que es el Procurador, es especialmente importante porque es el que le dice a la Corte: «acá hay un culpable o un inocente». Acusa o no acusa. Imagínense para Cristina Kirchner, que tiene una cantidad de causas, todas terminan en un embudo seguramente en la Corte. Por eso es tan importante para el kirchnerismo quién controla esta llave. Hay una gran expectativa en mucha gente ligada a Cristina Kirchner de que se vaya Casal y llegue Víctor Abramovich, que es un hombre muy ligado al kirchnerismo, sobre todo muy ligado al Centro de Estudios Legales y Sociales que conduce Horacio Verbitsky.
A Casal, además, se lo está investigando en una Comisión Bicameral del Congreso donde el kirchnerismo primero lo acusó y le pidió el juicio político y después llamó a que haya pruebas por esa acusación. Es interesantísimo. «No tengo pruebas, pero tampoco dudas», dijeron los kirchneristas, como dijo aquella vez Cristina Kirchner respecto de qué había pasado con el fiscal Alberto Nisman.
Esto se suma al intento de remoción, muy probable este jueves, de los camaristas Bruglia y Bertuzzi. También acaba de pedirle a la Corte por vía de per saltum que atienda su problema otro juez importantísimo que va a ser desplazado, Germán Castelli, que es uno de los que tiene que juzgar a muchos funcionarios y también empresarios ligados al kirchnerismo, que hicieron negocios en el caso de los cuadernos, una investigación que se abrió en LA NACION y ya está llegando al juicio oral.
Todo esto va dotando de un contexto a la reforma judicial. Y vuelvo a insistir con un concepto que me parece central para entender el problema. La Casa Rosada quiere que se mire la reforma judicial leyendo el proyecto que mandó al Congreso. Pero la reforma judicial es absolutamente inentendible sin este contexto de manipulación de las reglas institucionales, donde lo que está clarísimo es que llega un gobierno y arma un Poder Judicial a su medida. Se pone en tela de juicio cualquier tipo garantía respecto de los ciudadanos que esperan respuestas, sobre todo cuando ha habido un festival de corrupción durante doce años en la Argentina, con secretarios privados del presidente que acumularon 70 millones de dólares cada uno, de lo que se llegó a detectar.
Esto se corona con una última incógnita institucional. Acaba de presentar una medida, un pedido a la Justicia, el interbloque de la oposición de Juntos por el Cambio, que lidera Mario Negri. Recurrieron a dos constitucionalistas muy destacados, Juan Vicente Sola y Antonio María Hernández, para presentar un pedido de anulación de la última sesión de la Cámara de Diputados donde se aprobaron varias leyes, entre otras, una de auxilio al turismo, porque consideran que Massa les prohibió sesionar a los diputados que estaban en el recinto y, además, hizo aprobar esas leyes con una especie de Congreso trucho, que sería el Congreso virtual que Massa convocó con un protocolo vencido para sustituir el reglamento de la sesiones presenciales y llevarlas al terreno virtual. Esta es una discusión que arrancó la semana pasada, Massa estuvo a punto de llegar a un acuerdo con la oposición hasta que Máximo Kirchner le dinamitó ese acuerdo y Massa, obviamente, acató lo que le indicó el jefe del bloque oficialista. Y ahora llegamos a algo inédito, que un bloque opositor importantísimo de 90 diputados va a la Justicia para que declare nula una ley que, según ese bloque, fue aprobada irregularmente.
Es decir, que hoy la Argentina tiene una especie de dicotomía. Así como tiene dos poderes ejecutivos, uno en el Instituto Patria y otro en Casa de Gobierno, tiene también dos Congresos, que reclaman para sí la legalidad, legitimidad o normalidad de la legislación que produce o que se niegan a producir.
Sobre la crisis económica, el Gobierno, el oficialismo, la política en general van produciendo una especie de cascada de crisis o de crisis superpuestas, que agravan el problema. Un problema que es visto por los principales actores de la vida económica como cada vez más inquietante. Y que va a dar lugar a otras discusiones dentro del oficialismo. Quiero partir de este dato: Martín Guzmán va a mandar el presupuesto al Congreso, a uno de los Congresos salvo que se pongan de acuerdo en cuál es el verdadero, con una hipótesis de superávit fiscal de 4.5 del producto. Él supone que la economía argentina el año que viene va a crecer 5 por ciento. Quienes estudian minuciosamente el presupuesto, el régimen fiscal de la Argentina, la situación del Tesoro dicen que acá hay un enorme problema que se abre porque para llegar a estos números Guzmán necesita llevar adelante un ajuste fiscal muy importante. Y acá nos encontraríamos ante un animal rarísimo, que es kirchnerismo haciendo un ajuste fiscal.
El kirchnerismo lo que hizo durante su paso por el poder en la experiencia anterior fue agrandar el Estado. Armó un Estado a la medida de la soja de 600 dólares la tonelada. Cayó el precio de la soja y el Estado nos quedó grande. Bueno, ahora daría la impresión de que Guzmán, si quiere cumplir con estos números, tendría que achicar el Estado, tendría que hacer una gran contracción del déficit fiscal. No sabemos cómo, pero si nos imaginamos las alternativas que tiene por delante, todas son traumáticas, sobre todo dentro del kirchnerismo. Tendría que producir un gran aumento de tarifas de los servicios públicos para que caigan dramáticamente los subsidios: impensable. Licuar mucho más las jubilaciones de lo que ya están licuadas, por lo menos 5 por ciento por encima de la inflación: volveríamos a la plaza, que se llama justamente de los Dos Congresos, a llenarla de piedras como ocurrió a finales de 2017. Suspender la ayuda que le pasan a Kicillof, en un año electoral, donde todo se juega en el conurbano. Reducir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de 9 millones de personas a 4 millones, en medio de esta crisis inédita, donde la pobreza va a pasar del 35 al 50 por ciento, según calculan. ¿Por dónde va a recortar Guzmán? ¿Por la obra pública? Él promete hacer obra pública por 1.5 del producto; para que le cierren los números, dicen los expertos, debería hacerlo por medio punto. Y ahora el Gobierno se va a hacer cargo de los corredores viales, que estaban pensados como Participación Público Privada (PPP) y estalló la propiedad participada porque estalló la tasa de interés. Todo un problema también en esto. Y escuche este nombre: enorme ruido de Hugo Dragonetti, un aliado íntimo de Massa, titular de la empresa Panedile. Estaría detrás del problema de los corredores viales, donde él participaba junto con Eduardo Eurnekián. A Dragonetti, amigo de Massa, le tienen hecha la cruz en el Instituto Patria.
Todo esto es importante porque nos plantea una duda respecto de la viabilidad que va a tener la política fiscal de Guzmán. Que parece ser un fiscalista, un keynesiano raro, que piensa en ajustes fiscales en un momento de hiper recesión. Él se propone ir a una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que pretende como siempre que sea larga, que dure mucho. Es importante porque es una negociación con los Estados Unidos. Con los que este Gobierno tienen un enorme problema. Dios quiera para Alberto Fernández que gane Biden, porque con Trump hay un enorme conflicto planteado. No solamente porque este 12 de septiembre se va a elegir el presidente del BID. Pretende ser electo un hombre de Trump, Mauricio Claver-Carone. Y la Argentina es el país que lo obstruye, con la intención de que ahí vaya Gustavo Beliz. Además, se acaba de pelear el oficialismo con el embajador de EE.UU. Él dijo que no hay que atacar a la Justicia y Parrilli lo entendió como un ataque al Gobierno. Parrilli entendió que la defensa de la independencia judicial que hacía el embajador era un ataque al kirchnerismo y ahora está tratando de ver qué jueces federales de la Argentina hicieron cursos en Estados Unidos auspiciados por el Departamento de Estado. Lo que se está preguntando es si no habrá muchos Sérgio Moro. Porque Moro, el exjuez que puso preso a Lula, también está estigmatizado en Brasil por haber hecho esos cursos. Moro estuvo en el país y se sacó una foto con Claudio Bonadio y con Ricardo Lorenzetti.
Tenemos un problema detrás de todo este problema económico que es este déficit, cualquiera sea su dimensión: cómo se financia. ¿Cuál va a ser el nivel de actividad económica que va a permitir el crecimiento capaz de financiar ese déficit sin un ajuste fiscal salvaje? AEA acaba de emitir un documento donde felicita al Gobierno por el cierre del acuerdo con los acreedores, pero reprocha una cantidad de medidas contra la inversión, sobre todo, la intervención del sector de las telecomunicaciones. Los empresarios de AEA están buscando de nuevo un encuentro con el sindicalismo privado. El Gobierno lo mira como si fuera algo ajeno. Da la impresión de que Cristina Kirchner le tiene prohibido a Alberto Fernández convocar a esas fuerzas económicas y sociales. En el empresariado, en el sindicalismo privado, con estos niveles de desocupación hay incertidumbre. Como hay incertidumbre en los que van a comprar 200 dólares pensando que con eso van a poder zafar de la inflación. No son los empresarios de AEA, se parecen muchísimo más a los que están tomando tierras.
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