Muchas desercionesAlberto Fernández solo consiguió el apoyo de 11 gobernadores para impulsar el juicio político contra la Corte Suprerma

La embestida contra los cuatro jueces de la Corte Suprema no esperará. Alberto Fernández obtuvo hoy el respaldo de menos de la mitad de los gobernadores para presentar el pedido de juicio político contra los ministros del máximo tribunal. Once mandatarios, por ahora, lo acompañaban en el escrito que presentará mañana mismo en la cámara de Diputados. Para los caciques provinciales más beligerantes, que hoy participaron de una reunión en Casa Rosada, los jueces incurrieron “en la violación de la ley Ética Pública y en mal desempeño”.

El número de apoyos a la iniciativa del Presidente generó vértigo durante toda la jornada: el Gobierno, de hecho, envió un comunicado a la prensa y un texto con el pedido de juicio político que figuraba con la adhesión del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que sin embargo no respaldará la medida. “No firmó el comunicado ni va a acompañar la petición contra los miembros de la Corte”, dijeron cerca del mandatario entrerriano a LA NACION. La decisión sorprendió a la Casa Rosada.

Otros dos mandatarios, el sanjuanino Sergio Uñac y el puntano Alberto Rodríguez Saá, que habían acompañado al Presidente cuando recusó a los cortesanos por el fallo que repuso fondos de la coparticipación a la Capital Federal, esta vez tampoco acompañaron la iniciativa. Hasta ahora no los convencieron.

Según fuentes de la Casa Rosada, Fernández presentará el pedido de juicio político mañana en la mesa de entradas de Diputados, para que tome curso en comisión. Pese a que el oficialismo no contaría con los votos en la Cámara baja, cerca del Presidente creen que el proceso, de mínima, obtendría dictamen. La titular de la comisión, Carolina Gaillard, es entrerriana. Aunque el gobernador de su provincia no adherirá, la legisladora también tiene muy buena sintonía con Fernández.

En un comunicado, el Gobierno señaló que Fernández y los once gobernadores firmantes -la mitad de los mandatarios del país- decidieron “impulsar el juicio político contra el presidente de la CSJN, doctor Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño” y “solicitar que se inicie el proceso de juicio político respecto de Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti”. “Por último, pedimos al bloque del Frente de Todos que impulse el proyecto para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso”, agregaron.

En una escena similar a la que se vivió el 22 de diciembre cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad, Fernández recibió hoy a un grupo de gobernadores peronistas en el Salón Eva Perón para redoblar la cruzada contra el máximo tribunal. “Consideramos que esta Corte tuvo una manifiesta parcialidad porque los fallos que hemos observado fueron para beneficiar a un sector político. Los argentinos no pueden estar tranquilos con miembros de la Corte que violan la Constitución”, dijo Capitanich en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada.

Presentes y ausentes

Además de Capitanich (Chaco), a la sede de gobierno asistieron Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa). Los primeros cuatro fueron los que, en todo momento, pidieron tomar las medidas más extremas. Algunos de ellos, de hecho, ya le habían pedido a Fernández que avanzara con el juicio político en la reunión de diciembre, una idea que recién prendió en el Presidente con el Año Nuevo.

A Rosada también asistieron los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Raúl Jalil (Catamarca) -que enviaron a sus segundos- se conectaron por videoconferencia. Lo mismo hizo Bordet, que finalmente no apoyó. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en cambio, no asistió al encuentro, pero suscribió el pedido de juicio político. La reunión comenzó al mediodía en el Salón Eva Perón del primer piso y finalizó poco antes de las 14. El Gobierno trabajó durante el mediodía en convencer a los caciques provinciales más dubitativos.

Participaron del encuentro, en tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, que, a modo de recepción, alojó en sus oficinas de la planta baja a los mandatarios provinciales a medida que fueron llegando a Balcarce 50. A diferencia del encuentro anterior, no asistieron el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra (que se tenía unos días de descanso).

Hay gobernadores que no formarán parte de la jugada política del Presidente. Rodríguez Saá, que firmó el anterior comunicado, esta vez no lo hizo. Por ahora no lo convencieron. Uñac, que sí había estado cuando el Presidente convocó por la coparticipación, no asistió a esta segunda reunión. “No está de acuerdo con esta decisión”, dijeron a LA NACION cerca del gobernador.

Uñac resolvió la semana pasada competir en su provincia por un tercer mandato, algo que fue cuestionado por la oposición, que recurrió a la Justicia. El último antecedente de una polémica similar ocurrió en Santiago del Estero, donde Zamora intentó forzar un tercer mandato y la presentación judicial de la oposición terminó en la Corte, que se pronunció en contra.

En la reunión de hoy, en tanto, no estuvo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien, pese a integrar el Frente de Todos, nunca acompañó la decisión del Presidente de ir contra la Corte. Tampoco acompañó al Gobierno el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, ni los cuatro mandatarios de Juntos por el Cambio.

Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén; Gustavo Sáenz, de Salta, y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones, no firmaron el pedido de juicio político. Se trata de mandatarios que responden a sellos partidarios provinciales y que solo se alinean por momentos con el Gobierno. En la reunión anterior habían redactado un comunicado propio, en el que fueron muy críticos del fallo de la Corte por la coparticipación.

La escalada

El escrito del Presidente cuestiona el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 26.080 -que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura y restituyó la ley anterior-, así como también al fallo que repuso parte de los fondos de la coparticipación primaria a la administración de Rodríguez Larreta. A la salida de la reunión, los mandatarios provinciales también apuntaron a los presuntos chats del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, -entre ellos, un supuesto intercambio con Silvio Robles, mano derecha de Rosatti- que se filtraron ilegalmente en las últimas horas. “La legitimidad de Rosatti está totalmente en duda. No se puede dejar pasar esto”, dijo Zamora al finalizar la reunión. El gobernador de Santiago del Estero presentó una denuncia penal en su provincia contra Robles y pidió que le secuestraran sus teléfonos.

“La Corte avanzó sobre los otros poderes. Nos sentimos damnificados”, dijo Kicillof, que también ofició de vocero al término del encuentro.

Luego de que la Corte resolviera hacer lugar a la cautelar presentada por la administración de Rodríguez Larreta, Fernández dijo que el fallo era de “imposible cumplimiento” anunció que iba a recusar a los cuatro miembros de la Corte. Presentó, además un pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución dictada por los cortesanos.

Tres días después, vía Twitter, Fernández anunció que pagaría con bonos públicos el monto actualizado que la Corte ordenó reponer a la Ciudad. Esa actitud fue cuestionada por los gobernadores que tenían las posturas más intransigentes y por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que aludió irónicamente a la Casa Rosada como la “Agrupación Amague y Recule”.

Luego de que se conocieran los chats filtrados, Fernández se alineó con las posturas más duras del kirchnerismo y de algunos gobernadores del PJ, y anunció que avanzaría con el juicio político. Aseguró que lo hizo por iniciativa propia.