El Presidente ya sabe que la aceptación de la oferta no alcanza para hacer un canje que evite el default y analiza ciertos cambios para evitar que los fondos de inversión demanden a la Argentina en los tribunales de Nueva York
Alberto Fernández tiene el marco táctico para enfrentar la negociación final con los acreedores privados: Martín Guzmán es su único representante oficial y los límites de un eventual acuerdo están fijados por el criterio de sustentabilidad de la deuda externa que ya establecieron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Quinta de Olivos.
Con el marco táctico ratificado, Alberto Fernández no duda respecto a su objetivo estratégico: acordar con los fondos de inversión para evitar un nuevo default de la Argentina.
Sin embargo, las decisiones tácticas y estratégicas del Presidente serán interpeladas por el resultado de la oferta que vence hoy a las seis de la tarde (17:00, hora New York). Si los niveles de adhesión van del 30 al 50 por ciento de los bonistas, Guzmán y su agresiva propuesta habrán demostrado su eficacia y sólo faltaría el rush final para obtener las mayorías que exigen las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC) previstas en cada prospecto.
En cambio, si el aval de los acreedores privados a la oferta no pasa del 15 al 30 por ciento, Guzmán y su oferta estarán comprometidos en la etapa final de la negociación. El ministro de Economía fue cuestionado durante todo el proceso en Wall Street y un apoyo del 15 al 30 por ciento sería una consecuencia obvia de su capacidad para convencer a los fondos de inversión.
Alberto Fernández ya ratificó a Guzmán como su único negociador frente a los acreedores privados. Y a continuación tiene que comunicar –a través del Boletín Oficial y en un escrito dirigido a la Comisión de Valores de New York– que la oferta continúa vigente hasta el 22 de mayo. Si ese día no hay acuerdo, Argentina cae en default.
Cuando se anuncie oficialmente que la negociación continúa, un juego de fuerzas externas e internas se aplicará sobre el Presidente y su ministro de Economía. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que escuchó la opinión de poderosos fondos de inversión, actuará sobre el FMI para abrir una negociación que por ahora no funcionó. Y en la agenda doméstica, habrá una compleja y fluida interactuación de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.
La vicepresidente sostiene a Guzmán y considera que su negociación fue efectiva para contener a los bonistas bajo legislación extranjera. El titular de la Cámara de Diputados tiene un juicio crítico sobre la actuación del ministro de Economía y se ofreció para hallar un punto de contacto entre los acreedores privados y la propuesta de la Argentina.
Alberto Fernández escuchó los argumentos de Cristina Fernández y las opiniones de Massa. Y aguarda el número final de la adhesión de los bonistas para ajustar la estrategia que aplicará hasta llegar al 22 de mayo.
Si el número es alto (más del 30 por ciento de adhesión), la vicepresidente exigirá que se respete el protagonismo de Guzmán. Y por el contrario, si la adhesión no llega a ese piso del 30 por ciento, parece probable que Massa aumentará su peso en el proceso de negociación.
El Presidente no desea un choque de civilizaciones entre sus principales aliados en el Frente de Todos, pero el resultado de la oferta marcará el juego que tendrán CFK y Massa.
Al margen de la influencia del Departamento del Tesoro, el Fondo Monetario Internacional, Cristina Fernández y Massa, Alberto Fernández ya instruyó a Guzmán para que negocie un acuerdo que permita evitar un default y a su vez respete las condiciones de sustentabilidad de la deuda externa.
Y acorde a la información del Ministerio de Economía, las negociaciones informales avanzan sobre estos ejes básicos de la propuesta argentina:
1. Reducir a menos de tres años el período de gracia previsto en la propuesta inscripta en la SEC.
2. Con la reducción del período de gracia, los bonistas pretenden que se aumente el porcentaje del cupón a pagar.
3. Fijar un “premio” a los nuevos bonos que podría estar atado al incremento anual del Producto Bruto Interno (PBI).
“Estamos dispuestos a considerar cualquier combinación de reducción de intereses, reducción de capital, extensión y vencimiento del período de gracia que respete las limitaciones que definen lo que es sostenible”, dijo Guzmán a la agencia Bloomberg, confirmando de hecho su nueva línea de negociación.
El anuncio formal de la extensión de la oferta se registrará en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el próximo 11 de mayo. Y desde ese día comenzará una compleja negociación que tiene fuertes intereses cruzados. Si Argentina cae en default, será difícil la relación institucional con el FMI y el Club de París, y las empresas nacionales tendrán muchísimas dificultades para acceder al mercado de capitales.
A su vez, los bonistas asumen –y no reconocen– que la propuesta oficial les permite cierta seguridad financiera en un mundo post COVID-19 que tiene más interrogantes que certezas. El default ya no es un concepto que sólo identifica a los países emergentes, y en las principales capitales de Occidente se tiene por seguro que involucrará a cientos de compañías alrededor del planeta.
Ese es el argumento que pretende exhibir Alberto Fernández al momento de pujar contra los fondos de inversión. El Presidente asume que los acreedores privados protagonizarán una fuerte ofensiva si se confirman los datos de mínima adhesión que se manejan en el Palacio de Hacienda.
Y ya tiene preparada su réplica: “Actuamos de buena fe, deseamos cumplir con nuestras obligaciones, y queremos respetar el concepto de sostenibilidad de la deuda. Esas son nuestras condiciones. Lo toman o lo dejan», explica el Presidente en Olivos cuando le preguntan cómo seguirá la negociación a partir del lunes 11 de mayo.
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