El fiscal Armando Cazón abrió un legajo ante declaraciones del interventor Adrián Zigarán. El destituido intendente de Aguaray dejó en rojo las cuentas del municipio norteño.
Jorge Prado, el exintendente que enfrenta cargos federales por robo calificado y fraude a la administración pública a raíz del saqueo del Gasoducto NEA, está a un paso de ser imputado también por malversación de caudales públicos en la Justicia salteña.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, abrió una investigación contra el destituido jefe comunal de Aguaray, luego de que el interventor designado por el Gobierno provincial, Adrián Zigarán, expusiera a la prensa el endeudamiento en que halló al municipio norteño el pasado 19 de octubre. «Prado recibió un municipio con $3,5 millones de superávit y lo encontramos con 19 millones en rojo», resumió Zigarán en un mensaje que Radio Capital y otros medios difundieron días atrás.
La intervención de Cazón ante la «notitia criminis» fue confirmada ayer a El Tribuno por fuentes del Ministerio Público Fiscal.
Cuentas en rojo
Prado y sus colaboradores dejaron en la caja $16.534. Las cuentas corrientes del municipio, a su vez, quedaron con un rojo de $759.466 por un descubierto que el exjefe comunal gestionó ante el Banco Macro para pagar los sueldos de septiembre a la planta de la comuna. No obstante el descubierto, la gestión intervenida dejó impagos haberes de septiembre por $1.146.243.
El saldo pendiente fue resaltado en un informe que Diego Argañaraz, contador delegado por el Gobierno provincial, firmó el pasado 24 de octubre.
El monto total de lo que se adeuda a empleados eventuales incluidos en el plan Aguaray Trabaja asciende a $2.486.500. Un dato explica el fuerte descontento y la creciente presión que genera por estos días el citado programa laboral: el mes de agosto se pagó en la primera semana de octubre.
A la par, hay retroactivos de sueldos impagos (de febrero a abril) por $3.178.309 y se adeudan al Concejo Deliberante haberes por otros $767.642. En este punto, la discrecionalidad política resalta a todas luces, ya que la gestión intervenida dejó a los cuatro ediles opositores con cinco meses impagos (de abril a agosto). Un tratamiento muy distinto de parte del Ejecutivo municipal tuvieron las dietas de los tres concejales del bloque oficialista.
Con las retenciones y otras acreencias que reclaman tres entidades gremiales del sector público (ATE, UPCN y Soema), los distintos componentes de la deuda laboral del municipio de Aguaray suman un total de $9.031.84.
Otro rojo de $9.297.724 dejó la removida gestión de Prado en cheques diferidos, obligaciones de pago pendientes de liquidación, compras realizadas sin órdenes de pago y retenciones de actividades económicas aplicadas a proveedores.
Salvo en los cheques diferidos que tienen vencimientos escalonados desde el 20 de octubre, por $5.400.681, el resto de la deuda es vencida.
Más de la mitad del pasivo financiero de Aguaray, que asciende globalmente a $19.089.031, está categorizado como «deuda delicada y urgente». En el informe inicial de la intervención, tras advertir sobre claras evidencias de una deficiente ejecución presupuestaria y una gestión económica inadecuada, Argañaraz concluyó que «el punto de quiebre» no estaba más allá de la finalización del año».
Cómo lo recibió
En diciembre de 2019, Prado recibió el municipio con una disponibilidad de $6.734583 en las cuentas bancarias oficiales. Además, la Cooperadora Asistencial tenía una disponibilidad neta de $1.102.477. Alfredo Darouich también le entregó entonces la administración con el aguinaldo cancelado en su totalidad a la planta de empleados. Estos datos quedaron asentados en el informe final que la Comisión de Transición -integrada por miembros de los gabinetes saliente y entrante- firmó el 10 de diciembre de 2019.
Con los cheques diferidos y otras deducciones el destituido jefe comunal arrancó su mandato con un superávit de cerca de $3,5 millones.
Desde comienzos de 2020, la planta municipal y los gastos adquirieron dimensiones llamativas. Los puestos eventuales ligados al plan Aguaray Trabaja pasaron de 80 durante la gestión de Juan Carlos Alcoba, a 160 durante la administración de Darouiche y a 293 durante el corto mandato de Prado.
Con un parque automotor apenas modesto, en los últimos diez meses la gestión del destituido intendente gastó $4 millones en combustible. «Hemos detectado un movimiento inusual de subsidios y gastos en remedios por parte de Desarrollo Social. En el galpón del área no quedaron chapas, bolsones, colchones ni absolutamente nada», precisó Zigarán a este diario.
Cada vez más complicado por el saqueo del gasoducto NEA
Con una curiosa resolución, Prado intentó despegarse del robo de caños.
Uno de los allanamientos en los que se recuperaron caños del GNEA en el norte.
En la última semana gendarmes de Tartagal se constituyeron dos veces en las oficinas municipales de Aguaray, donde requirieron a la intervención la entrega de constancias y registros sobre el estado contable de las cuentas y manejos administrativos de la gestión del destituido exintendente Jorge Prado.
Las actuaciones fueron requeridas por el fiscal general de Salta, Eduardo Villalba, en el marco de la causa federal que tiene acusado al exjefe comunal y a otros diez imputados de robo calificado y fraude a la administración pública nacional por el saqueo del Gasoducto NEA (GNEA).
Desde el pasado 18 de mayo, cuando tomó las riendas de la investigación tras ásperos cuestionamientos del juez Gustavo Montoya al flojo desempeño de la Unidad Fiscal de Orán, Villalba solicitó al juez de Garantías seis meses para resolver la situación procesal de los encausados.
El plazo expirará el 18 del corriente, y aunque no se descarta que el Ministerio Público de la Nación pueda pedir más tiempo ante la complejidad del caso y limitaciones que plantea la pandemia, la Fiscalía avanzó en las últimas semanas con una serie de medidas que anticipan un desenlace casi cantado. De hecho, el propio Villalba, a ampliar las imputaciones en audiencia ante el juez federal de Orán, remarcó que la resolución 1215/19 era una suerte de autoconfesión de Prado.
Con la citada resolución, que firmó el 23 de diciembre de 2019, apenas acomodado en el cargo de intendente, Prado le cedió 35 kilómetros de cañería del Gasoducto NEA a Diego Alos, titular de la empresa mendocina Osip SA, como supuesto material de rezago y contaminante.
La controvertida resolución municipal sirvió de aval para que cientos de caños del Estado nacional, valuados cada uno en 5.000 dólares, fueran extraídos y transportados ilegalmente a Buenos Aires y otros destinos donde firmas chatarreras los redujeron en el mercado negro como comederos de vacas, bebederos de hacienda y piezas para conducciones de agua, obras de alcantarillado y otros proyectos de ingeniería civil.
De hecho, la Fiscalía constató que más de 60 caños recuperados en allanamientos dispuestos en Quilmes y Berazategui llegaron al conurbano bonaerense amparados con la resolución de 1215/19.
Acorralado por las lapidarias evidencias, el pasado 25 de septiembre Prado hizo publicar en el Boletín de Aguaray la resolución 666/20 con la que dejó sin efecto la resolución 1215 y, con ello, la autorización con la que habilitó a Osip SA a desarmar el Gasoducto NEA y otras instalaciones hidrocarburíferas en la jurisdicción de Aguaray con supuestos fines de remediación ambiental.
En la resolución 666, Prado argumentó que el acto resolutivo del 23 de diciembre de 2019 tuvo por objeto “fomentar políticas destinadas a la protección y desarrollo sustentable del medio ambiente”.
Y sobre esa línea sostuvo que la empresa Osip “realizó la tarea en violación del contenido y la finalidad” del instrumento resolutivo por el cual se la comisionó a trasladar los caños “a un lugar de acopio seguro”. Esto, según la línea argumentativa de la resolución 666, “indicaba claramente que se refería a que debía hacerlo dentro de los límites” de Aguaray.
En las últimas semanas el encausado Freddy Céspedes, exsecretario de Hacienda, y otros acusados ampliaron sus declaraciones y complicaron no solo a Prado. No sería de extrañar que, antes de los procesamientos, la causa pueda sumar otros imputados tras las declaraciones de varios testigos, entre los que resalta un juez de paz.
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