Por Ricardo Roa
Todo el mundo, menos los que lo tramaron, pensó que la vicepresidenta rompió sola el bloque. Tuvo una ayuda inesperada.
Gerardo Morales hizo el milagro: juntar a Cristina y Alberto Fernández para acordar el nombramiento del senador y la diputada que se sumarán al Consejo de la Magistratura. Y así el Gobierno pudo salir de la encerrona en que estaba metido por una sentencia de la Corte.
Se quiso hacer creer que, sin que Fernández se enterara demasiado o nada, Cristina había urdido la ruptura de su bloque en el Senado para, con fórceps, ponerse un consejero más, que le correspondía por ley a la segunda minoría, o sea a la oposición. Muchos de su feligresía y de afuera también le festejaron la picardía porque la pensaron como de ella y en un punto equiparable a la que le había permitido al macrismo ubicar a Tonelli en el mismo Consejo en 2015. Pero la maniobra de Cristina no fue pergeñada en soledad. Equivocados todos.
La trampa sin disimulo de dividir el bloque para poner al camporista Martín Doñate, en un abrir y cerrar de ojos ya cuestionado judicialmente, requería más trampa y ahí surgió una asociación que anda bien lejos de lo que debieran ser los códigos de una política más pensada para el país que personalmente para sus actores.
Se había acabado el plazo de cuatro meses fijado por la Corte y esa noche, en Olivos, estaban Fernández con su secretaria legal Vilma Ibarra, el todo terreno Sergio Massa, jefe de Diputados, el múltiple jefe de asesores presidencial Juan Manuel Olmos, el hasta hace poco jefe de la Magistratura Diego Molea y el profesor de Constitucional Andrés Gil Domínguez, al que llamaron para que los ayudara a encontrar una vía jurídica que permitiera escapar del atolladero.
Es el mismo Domínguez que integró la Comisión Beraldi que Fernández, ninguneando al Congreso, armó a mediados del 2020 para subir la cantidad de miembros de la Corte y licuar el poder de los jueces de Comodoro Py. Dos puntos que se tocaban en uno: salvar a Cristina de las causas por corrupción.
Ahí debatían, de un lado de la línea telefónica, los conjurados en Olivos. Y del otro, Cristina con Gerónimo Ustarroz, representante del gobierno en la Magistratura y hermano del ministro Wado de Pedro, uno de los jefes de La Cámpora. Pero siguen las firmas y, entre ellas, la más sorpresiva, incluso para los propios: la de Morales, gobernador de Jujuy y jefe del radicalismo.
“¿Qué pensás, Yuto?”, le preguntaba Massa a Morales, llamándolo con el apodo que él sabe por qué se lo puso. Massa coordinaba todo por teléfono, puesto en altavoz. La primera parte del acuerdo fue que Massa designara a la radical santacruceña Roxana Reyes como consejera y que Cristina volteara al opositor Luis Juez para poner a Doñate en su lugar. Otra: hacer aprobar en Diputados el proyecto de reforma a la Magistratura que Cristina sacó en el Senado con el número justo y gracias al empujón final del rionegrino Weretilneck.
El gobierno reclutó a Graciela Camaño para que apruebe en comisión el proyecto pero por ahora no tiene los votos para convertirlo en ley. No le costó nada: aunque Camaño pertenece a Consenso Federal, en la Magistratura vota con el kirchnerismo. La cuentan como una más del oficialismo. Incorporó la Corte a la Magistratura, cosa que no figura en el texto del Senado. Eso sí: no en el rol de presidente, según la ley original.
Como el proyecto del Senado propone 17 miembros y eso dejaría afuera a Reyes y a Doñate, acordaron algo más: ampliar los consejeros a 19 y que el representante de la Corte sea rotativo. Mensaje a los jueces: los que mandan son los políticos. Un capítulo especialmente polémico es que crea una comisión de senadores para seleccionar y nombrar a los jueces federales, el sueño del pibe de muchos gobernadores.
Rústico y peleador, Morales aspira a participar del premio mayor en el 2023 y para salir en los medios se siente obligado a buscar siempre la polémica, agrediendo muchas veces a los propios aliados. Los diputados de Morales han sido con Massa un solo corazón y se apartaron del bloque para votar con el gobierno no solo en cuestiones clave, como el manotazo a los recursos de la Ciudad.
Con el pretexto de la gobernabilidad, la diputada Burgos votó con el kirchnerismo 70 veces y el diputado Rizzotti, 80. No es casual que Rizzotti sea el presidente de la Comisión de Transporte, el área que Cristina y Fernández le entregaron a Massa.
De cajón: el pacto, o como se lo quiera llamar, será negado como hizo Morales, que se mandó sin avisar a ningún socio. Pero habrá en Juntos una reunión de mandos que estará para alquilar balcones. Pueden ocurrir varias cosas: a) que también digan aquí no ha pasado nada, que es invento periodístico. b) que se niegue pero a medias. c) que no se diga nada. Si aparece otra, es incógnita, como ¿qué dirá a todo esto Lilita Carrió?
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