El magistrado lo acusa de coacción y tentativa de extorsión, pero le dictó falta de mérito del delito de asociación ilícita. Le trabó un embargo de 3 millones de pesos.
A solo cuatro días de las PASO, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó este miércoles, sin prisión preventiva, al periodista Daniel Santoro en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de una supuesta banda de espionaje nacional e internacional liderada por el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien se encuentra detenido.
En la causa número 88/2019 caratulada «D´Alessio, Marcelo Sebastián s/ asociación ilícita y otro”, el magistrado encontró a Santoro responsable de los delitos de coacción y tentativa de extorsión en perjuicio de Gonzalo Brusa Dovat y Mario Víctor Cifuentes , y le entabló un embargo de 3 millones de pesos.
De todas maneras, Ramos Padilla le dictó la falta de mérito en el delito de asociación ilícita. Lo llamativo fue la premura en dictar el procesamiento. Durante la indagatoria, el juez le había confiado a los abogados del periodista que resolvería a mediados de agosto, pero finalmente lo hizo unos cuatro días de las PASO.
Por otra parte, Ramos Padilla tomó la decisión sin tomar ninguna de las más de 20 medidas de prueba que había solicitado la defensa del periodista cuando fue indagado.
Los abogados de Santoro apelarán la medida ante la Cámara Federal de Mar del Plata.
En la resolución, el juez amplió el procesamiento con prisión preventiva de Marcelo D’Alessio, y le mantuvo el embargo por 10 millones de pesos.
Santoro había declarado el pasado 17 de julio ante Ramos Padilla en la causa en la que también está imputado el fiscal Carlos Stornelli. Estuvo casi cinco horas ante el juez y negó su participación en la banda del falso abogado, de quien dijo: «Usó mi nombre sin mi conocimiento y sin mi autorización, para extorsionar».
El periodista de Clarín presentó un escrito de 30 páginas al juez y al fiscal Juan Curi. El juez lo había imputado por su rol en las causas de Mariano Cifuentes y Gonzalo Brusa Dovat, empresarios supuestamente extorsionados por D’Alessio.
Al citarlo a indagatoria, Ramos Padilla imputó a Santoro por entender que “prima facie” estaría probado “no sólo el vínculo de conocimiento y confianza que mantenía con Marcelo D’Alessio, sino su participación y su aporte en las actividades ilegales que llevaba adelante la organización delictiva investigada”.
En el escrito, el periodista niega formar parte de esa asociación ilícita. Además, solicita que se anule el informe con las llamadas entrantes y salientes de su teléfono celular, que le proveyó la empresa Telefónica, ya que están protegidas por el secreto profesional periodístico, garantizado por el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Además, Santoro pidió la destrucción del informe de Telefónica con todas sus llamadas lo que fue avalado por FOPEA, ADEPA, la Academia Nacional de Periodismo, El Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, el constitucionalista Daniel Sabsay y una solicitada firmada por más de 600 periodistas, entre otros. Santoro fue uno de los más de 20 periodistas que tenían a D’Alessio como fuente y el único en ser llamado a indagatoria. El debate sobre los derechos de Santoro se convirtió en un caso testigo para la protección de las fuentes en Argentina y el resto de América Latina.
En uno de los tramos del escrito, el juez explica cuales serían los hechos que le adjudica a Santoro. «Me anticipo a señalar que, a partir de la prueba reunida en este legajo, considero corresponde dictar el procesamiento del Sr. Daniel Santoro como partícipe necesario en orden a los delitos de coacción y extorsión de los que fueron víctimas, respectivamente, el ex directivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat y el empresario Mario Víctor Cifuentes y -al menos de momento- la falta de mérito para procesar o sobreseer en orden al delito de asociación ilícita.”
En su indagatoria, Santoro había explicado que a Brusa Dovat lo entrevistó en un lugar público, en el restaurante Sarkis de la zona de Villa Crespo y que dicha entrevista fue publicada y que no se realizó bajo coacción.
Aunque el magistrado no dictó una prisión preventiva, en uno de los párrafos de su escrito deja abierta la posibilidad de que eso suceda ya que plantea que » el nombrado (Santoro) cuenta con una capacidad real, concreta, y objetiva de entorpecer la investigación» por sus contactos con «diversos sectores de poder -fiscales, funcionarios, legisladores, entre otros», dice el juez. Parte del trabajo de los periodistas para conseguir información es tener contacto con las fuentes que, en muchos casos, son justamente fiscales, funcionarios, y legisladores, entre otros.
Apoyos a Santoro
En su reunión mensual de este miércoles, que coincidió con el procesamiento, la mesa directiva de la Academia Nacional de Periodismo dio a conocer la siguiente declaración: “La Academia Nacional de Periodismo reitera su preocupación por la situación procesal del periodista y académico Daniel Santoro, a quien el Juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla le ha dictado auto de procesamiento y embargo, por presunta coacción y tentativa de extorsión”.
“La imputación a Daniel Santoro, sin considerar su procedencia, viola el principio básico de nuestra profesión, el libre acceso a toda fuente y la preservación de su identidad. Es de esperar que el trámite posterior a la causa demuestre su inocencia para alivio de su persona y satisfacción de la libertad de prensa”, agregaron.
Además, tras conocerse la noticia, diversos periodistas salieron a solidarizarse con Santoro. “Yo creo que la decisión del juez es de una gravedad inusitada para el periodismo”, dijo Ricardo Kirschbaum, editor responsable de Clarín.
“El Juez está sentando un precedente que afecta los principios básicos del periodismo de investigación que, como todo el mundo sabe, hace Santoro. Acá lo que se está tratando de sofocar son las fuentes de investigación y la relación del periodista con sus fuentes”, advirtió Kirschbaum.
Por otra parte, Nelson Castro dijo en declaraciones a TN que “es un disparate procesar por publicar un artículo”. “Esto es muy peligroso, si se impone, el periodismo de investigación en Argentina está en riesgo”, opinó el periodista.
“Con esto, nuestro trabajo está en peligro total: vos no podés saber qué va a hacer tu fuente informativa con la publicación, salvo que seas partícipe del delito. Daniel chequeó una información y la publicó, que es lo que hacemos todos como periodistas”, agregó.
Tanto Kirschbaum como Castro coincidieron en advertir la gravedad de la situación: “Esto sienta un precedente grave, porque es un mecanismo de coacción sobre nuestro trabajo”, dijo el editor responsable de Clarín.
“Este caso va a terminar en la comisión de Derechos Humanos y seguramente en todas las organizaciones mundiales de editores y de periodistas de investigación se van a pronunciar como ya lo hicieron”, vaticinó.
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